«Muchos interrogantes siguen abiertos en el caso Tlatlaya, en parte por la falta de diligencia de la Fiscalía, que primero dejó escapar las acusaciones contra los soldados vinculados directamente a las ejecuciones y ahora ha cerrado la investigación sin acabar de explorar la cadena de mando», advierte el reportaje.

Organizaciones de derechos humanos señalaron que la decisión impulsada desde el Poder Ejecutivo y aprobada por las Cámaras de Diputados y de Senadores de eliminar los recursos y extinguir el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, de manera masiva y absoluta resulta preocupante y desproporcionada y significa un retroceso en la protección a víctimas, periodistas y personas defensoras. (…)

«Las publicaciones que se han proferido contra Pedro Canché lo ponen en riesgo y merman el prestigio y la credibilidad frente a la sociedad, agresiones que también tienen efectos perniciosos en el derecho de la sociedad a recibir información plural», explicó ARTICLE 19 (…)

Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU, acogió con beneplácito la decisión de México de enviar al Senado para su ratificación el iAcuerdo de Escazú y alentó a que se sigan adoptando medidas adicionales para crear un entorno seguro y propicio  en México (…)

Mónica permaneció 7 años en prisión preventiva oficiosa mientras se llevaba el juicio en su contra por un delito que nunca cometió. Sin embargo, la Fiscalía General de la República decidió apelar la sentencia absolutoria. (…)

Aunque los cargos no han sido dados a conocer formalmente, ha trascendido en medios que se trata de acusaciones relacionadas con tráfico de drogas. (…)