Ciudad de México, 23 de octubre de 2020. El diario El País reveló hoy que la Fiscalía General de la República (FGR) cerró el caso Tlatlaya inmediatamente después de que fueran interrogados altos mandos militares sobre el caso, sin que exista uno solo de los militares implicados en prisión ni se haya investigado adecuadamente la cadena de mando.
La periódico informó que, por primera vez en seis años, abogados civiles que representan a una de las víctimas interrogaron a militares de alto rango vinculados: cuatro generales, además de un cabo y un soldado.
Las declaraciones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, revelan que el encargado del Ejército en el sur del Estado de México, el general José Luis Sánchez León, supo de lo ocurrido desde las primeras horas de la mañana del 30 de junio de 2014, poco después de las ejecuciones. Hasta ahora, el general había dicho que aquel día estaba de vacaciones y que solo supo de lo ocurrido por partes informativos. Sánchez León, que ascendió a general de división de la mano del exsecretario de la Defensa Nacional, reconoce además que estuvo en el lugar de los hechos el mismo día en que ocurrieron. Su presencia allí se desconocía hasta ahora.
Aunque el Ejército defendió que se había tratado de un enfrentamiento, las investigaciones de la fiscalía y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyeron que los militares habían ejecutado a parte de los civiles tras la refriega. En total, murieron 22 personas, todos civiles. Según la cuenta de la Fiscalía, los militares asesinaron a ocho después del tiroteo inicial. La CNDH elevó esa cifra a entre 12 y 15.
De acuerdo con el periódico, la presencia de Sánchez León en el lugar de los hechos supone un giro importante y abre preguntas sobre las decisiones que tomó o dejó de tomar aquel día, a la luz de lo ocurrido durante la madrugada, más teniendo en cuenta que una de las acusaciones de la Fiscalía contra parte de los soldados implicados en el tiroteo era que habían alterado la escena del crimen.
Caso parecido al de Sánchez León es el del comandante del cuartel al que pertenecían los soldados implicados directamente en las ejecuciones, quien dijo por primera vez que él llegó a las 7.30 de la mañana al lugar de los hechos, una bodega a medio construir junto a un camino de tierra. Hasta ahora no se sabía la hora.
El reportaje resalta que la presencia de Sánchez León en el lugar de los hechos supone un giro importante y abre preguntas sobre las decisiones que tomó o dejó de tomar aquel día, más teniendo en cuenta que una de las acusaciones de la Fiscalía contra parte de los soldados implicados en el tiroteo era que habían alterado la escena del crimen.
Otro de los puntos importantes de los interrogatorios alude a la orden bajo la que actuaron los militares involucrados directamente en los hechos, que decía: “Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Esta orden estaba vigente el día de las ejecuciones.
«Hasta ahora había dos versiones sobre el origen y el alcance de la orden. En declaraciones previas, rendidas ante fiscales sin presencia de abogados civiles, Sánchez León y Castro defendían que había habido un error en la redacción de la orden. En realidad, debía decir ‘abatir los índices delincuenciales’. Por otro lado, el segundo comandante del batallón, Sandro Díaz, que firmó en su día la orden, y el cabo oficinista Daniel Marín, encargado de su elaboración, dijeron que la orden en realidad se había copiado de un ‘machote’, un borrador», especificó el reportaje.
En los interrogatorios del 29 de septiembre, los abogados le preguntaron a Marín si se había usado antes el borrador. Y Marín contestó, “supongo que sí, ya que es el único que estaba establecido”. Marín añadió que era un formato que estaba en una computadora del cuartel, lo que coincidiría con la declaración de Sandro Díaz, en la cual mostró al Agente del Ministerio Público diversas órdenes que contenían la misma redacción, sin que estas se hayan integrado en el expediente. Pese a las dudas sobre la orden, el Ejército se ha negado a informar cuántas veces se ha usado, en qué circunstancias, o en qué regiones. Y sobre todo, si durante la prevalencia de la orden ocurrieron eventos similares al de Tlatlaya.
Los abogados tuvieron la oportunidad de interrogar también a un general que era el militar de mayor rango en la cadena de mando el día de los hechos, comandante de la Primera Región Militar. Éste habría manifestado que si los soldados no cumplen las órdenes que les dan sus superiores, «es un delito militar”.
«Muchos interrogantes siguen abiertos en el caso Tlatlaya, en parte por la falta de diligencia de la Fiscalía, que primero dejó escapar las acusaciones contra los soldados vinculados directamente a las ejecuciones y ahora ha cerrado la investigación sin acabar de explorar la cadena de mando. El otro actor responsable de la falta de respuestas es la Secretaría de Defensa, que ha evitado divulgar información clave para reconstruir los días anteriores y las horas posteriores a las ejecuciones. Los abogados denuncian que el Ejército aún no ha entregado radiogramas, bitácoras, fatigas, partes informativos y pases de lista de aquellos días. El recurso que anuncian los abogados o el eventual amparo que podrían presentar si el recurso falla podría abrir la puerta a la obtención de toda esta información»; finalizó el diario.
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