“A pesar de sus mejores esfuerzos para parecer amigables con el clima, compañías como Coca-Cola, PepsiCo y Nestlé están trabajando junto a la industria de los combustibles fósiles para expandir la producción de plástico, lo que podría poner al mundo en niveles de emisiones catastróficos. Las mismas marcas conocidas que están impulsando la crisis de la contaminación plástica están contribuyendo a alimentar la crisis climática” (…)

Esta herramienta busca contribuir al vacío de información derivado de la falta de una versión pública del Registro Nacional de Fosas, responsabilidad de FGR y Fiscalías (…)

«Consideramos que este proceso de consulta autogestionada por los pueblos mayas de Yucatán reflejó un verdadero ejercicio de participación y de autodeterminación -logrado pese a un contexto adverso debido a la polarización social y a la pandemia- que debe ser respetado tanto por el Estado como por las empresas», señalaron (…)

Entre las propuestas, destaca el que los Estados emprendan un cambio tributario que reduzca la desigualdad y los privilegios y se encaminen a aumentar la productividad y mejorar el gasto público. Además, señalaron que es necesario que se fortalezca a las micro y pequeñas empresas, un mercado común centroamericano y mercados locales de alimentos, y que se promueva empleo decente y el acceso a tierras, recursos e infraestructura (…)

Organizaciones de derechos humanos lanzaron una acción urgente para denunciar la criminalización hacia las autoridades de la comunidad tepehuana y wixárika de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, ante el ejercicio de su derecho a la protesta social (…)

La sentencia de la Corte genera un importante precedente al reconocer para ARTICLE 19 el interés legítimo por omisiones legislativas relativas, es decir, por las deficiencias de elementos fundamentales de algún aspecto normativo dentro de una ley; a diferencia de la omisión legislativa absoluta que se da por una clara ausencia de ley como se estableció en el primer amparo otorgado en noviembre de 2017. En aquel entonces, la misma Primera Sala consideró que la falta de legislación en materia de publicidad oficial permitía la asignación discrecional de la publicidad oficial y habilitaba mecanismos de “premio o castigo” en virtud de la línea editorial de los medios de comunicación (…)