Ciudad de México, 10 de septiembre de 2021. Organizaciones de derechos humanos lanzaron una acción urgente para denunciar la criminalización hacia las autoridades de la comunidad tepehuana y wixárika de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, ante el ejercicio de su derecho a la protesta social.
Las organizaciones se refieren particularmente a la carpeta de investigación 158/2021-J iniciada por el Ministerio Público de Villa Guerrero y que fue consignada en la causa penal 63/2021 del Juzgado de Control del municipio de Colotlán, Jalisco, cuyo contenido se integra en contra de Esmeralda Bañuelos Pérez, tesorera del comisariado autónomo de bienes comunales, quien tuvo audiencia de formulación de imputación el martes 7 de septiembre de 2021.
«Los hechos se remiten al pasado 12 de mayo de 2021, en el contexto de una manifestación pacífica, cuando una persona de nombre Paola Reyes Rojas se acercó a la movilización comunitaria insultando y provocando a las y los comuneros que se dirigían de regreso a la casa comunal, lo que derivó en agresiones físicas a Esmeralda, quien respondió a las agresiones verbales y físicas de esta persona, el incidente concluyó cuando la pareja de Paola la sujeto por el cuello y se la llevó del lugar de los hechos. Por estos actos se integró una carpeta de investigación que no se apega a la realidad y carece de elementos jurídicos para inculpar la comunera», relataron las organizaciones.
Esta acción judicial en contra de autoridades de la comunidad se suma a la consignación de un comunero de Azqueltán, que fue privado de su libertad por hechos infundados en el contexto de provocaciones hechas contra las y los comuneras/os, luego de haber sufrido numerosas violaciones a sus derechos humanos. En contraparte, denunciaron, se ha dado protección de la justicia a perpetradores que atentaron contra la vida de las autoridades comunales el pasado 3 de noviembre de 2019, como el señor Fabio Flores Sánchez señalado de despojar tierras comunales y que actualmente goza de impunidad.
«Es alarmante que en medio de una manifestación pacífica, en exigencia de justicia y no impunidad, y ante las numerosas denuncias por tentativa de homicidio, tortura, amenazas de muerte y despojos de tierra, ocurra esta situación, en que fue la propia policía municipal la que llevó a la agresora a presentar su denuncia al Ministerio Público, quien, brincando cualquier protocolo, sin audiencia, ni medidas conciliatorias consignó el caso al Juez de Control de Colotlán», lamentaron.
En la acción urgente se exige que se garantice el derecho a la protesta social y la defensa del territorio que realiza la tesorera del comisariado de bienes comunales de San Lorenzo de Azqueltán, Esmeralda Bañuelos Pérez; que se garantice el pleno respeto a los derechos humanos de la comunera Esmeralda Bañuelos Pérez, así como la presunción de inocencia y el ministerio público realice su labor en el marco del sistema de justicia penal buscando la verdad histórica de los hechos y no la criminalización de una persona defensora; y que se detenga la represión y criminalización a la defensa del territorio de la comunidad indígena de San Lorenzo de Azqueltán.