Ciudad de México, 13 de septiembre de 2021. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (Centro Prodh) y ARTICLE 19 México y Centroamérica, organizaciones observadores de la autoconsulta maya para discutir y decidir sobre la continuidad de labores de las empresas porcícolas que trabajan en la Península de Yucatán, llamaron al Estado y a la empresa Kekén a respetar los derechos y decisiones de las comunidades de la zona.
El pasado 25 de julio de 2021, las comunidades mayas de Kinchil, San Fernando (Maxcanú) y Celestún, Yucatán, en ejercicio de su autonomía, libre determinación y derecho colectivo a la consulta indígena, desarrollaron exitosamente una autoconsulta con amplia participación social con los siguientes resultados: en Celestún, el pueblo se pronunció contundentemente por la negativa a que continúen las granjas porcícolas (1101 «no» y 7 «sí»), en San Fernando, el resultado también fue por la negativa (59 «no» y 58 «sí»), mientras que en Kinchil, donde existe mayor presencia de la empresa, el resultado fue un «sí» para que las fábricas continúen en funcionamiento (con una votación de 576 «sí» y 423 «no»).
El proceso de la organización de las asambleas informativas previas y de las tres autoconsultas estuvo a cargo de colectivos pertenecientes a las comunidades, como el Colectivo de atención comunitaria U Yutzil Kaj (Maxcanú), el Colectivo Maya del Poniente Chik’in Ja’ (Kinchil) y el Consejo maya del Poniente Chik’in Ja’ (Celestún), con el acompañamiento del Equipo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.
Durante el desarrollo de la jornada estuvieron presentes como observadoras la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En la misma calidad estuvieron las organizaciones de la sociedad civil Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (Centro Prodh) y ARTICLE 19 México y Centroamérica.
«En un contexto marcado por grandes impactos sociales y ambientales acarreados por la contaminación de las megagranjas porcinas, de los cuales no se cuenta con información completa y pertinente, las comunidades se han organizado para que el propio Estado y la empresa respeten su derecho a la autonomía, libre determinación y consentimiento informado. De este modo, las comunidades también hicieron un llamado a evitar la imposición de megaproyectos en zonas no aptas o zonas de conservación de la biodiversidad, ya que degradan el ambiente y el paisaje en los territorios donde habitan comunidades indígenas. Esta imposición, sumada a la pandemia de la COVID-19, ha contribuído a un entorno de por sí adverso en la zona poniente del estado de Yucatán», explicaron las organizaciones.
Tomando en cuenta este contexto, las organizaciones observadoras -Centro Prodh y ARTICLE 19- consideraron fundamental visibilizar el proceso de organización y resistencia de las comunidades convocantes a través de la publicación del Informe de la Misión de observación del proceso de autoconsulta sobre mega granjas de cerdos en Yucatán. También estimaron pertinente denunciar el ambiente tenso que prevaleció en el transcurso de la jornada debido a la presencia de trabajadores de la empresa Kekén, en lo que podría considerarse un acto de hostigamiento que interfiere en el libre desarrollo del ejercicio de autoconsulta. Esto se suma al comunicado publicado por la empresa el día 16 de julio de 2021, en el que Kekén desconoció la validez de los resultados del proceso de auto consulta.
«Consideramos que este proceso de consulta autogestionada por los pueblos mayas de Yucatán reflejó un verdadero ejercicio de participación y de autodeterminación -logrado pese a un contexto adverso debido a la polarización social y a la pandemia- que debe ser respetado tanto por el Estado como por las empresas», señalaron.