El informe «Corrupción que mata» propone la creación de un mecanismo de rendición de cuentas basado en el país, con expertos nacionales e internacionales que tendría un mandato de investigar de forma independiente y perseguir crímenes atroces y actos de corrupción relacionados con estos crímenes.(…)

La población indígena fue especialmente afectada por los episodios de desplazamiento interno forzado en 2017. Del total de personas desplazadas ese año, el 60% eran indígenas. (…)

Mientras tanto, miles de trabajadores de los sectores educativo, agrario y de la salud en al menos 14 estados marcharon para reclamar que las condiciones laborales hayan empeorado con las reformas impulsadas por el Gobierno federal. (…)

La desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, ocurrida en 2009, y las represalias que han sufrido decenas de miembros de su familia tras denunciar la participación de personal del 35 Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, fue examinado por jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). (…)

Organizaciones de la sociedad civil dirigieron una carta al Senado para pedir que no se apruebe al vapor una Ley de la Fiscalía General que no responda a las necesidades del país ni al sistema penal acusatorio, además de que no se base en un proceso previo, plural y abierto de discusión. (…)

En el marco del Caso Alvarado, WOLA presentó un amicus curiae sobre el impacto que la presencia militar en el estado de Chihuahua ha tenido en los derechos humanos en el periodo de 2008 a 2010 durante el “Operativo Conjunto Chihuahua”, y la falta de rendición de cuentas en casos de abusos cometidos por militares en México. (…)