Ciudad de México, 03 de mayo de 2018. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) registró 25 eventos masivos de desplazamiento interno forzado en el país durante el año 2017, que afectaron a 20 mil 390 personas en los estado de Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas. Con ello, el número de víctimas de este fenómeno asciende a 329 mil 917.
La violencia o el miedo a ella estuvieron presentes en todos los episodios de desplazamiento ocurridos en el 2017, de acuerdo con el informe. El registro de la CMDPDH señala que 11 mil 232 personas se desplazaron a causa de la violencia generada por grupos armados organizados; 8 mil 928 tuvieron que huir de sus hogares debido a violencia política, conflictividad social y disputas territoriales; mientras que 230 fueron desplazadas debido a proyectos extractivos mineros.
«Las formas de violencia registradas con más frecuencia en los episodios de desplazamiento fueron el uso de armas o presencia de personas armadas; las amenazas e intimidación; y la quema, destrucción o ataque con armas de fuego a casas, cultivos, negocios o vehículos», señaló la organización.
La poblacio?n indi?gena fue especialmente afectada por los episodios de desplazamiento interno forzado en 2017. Del total de personas desplazadas ese año, 12,323 eran indígenas, lo que representa el 60.44% del total de víctimas. Algunos de estos episodios fueron provocados por conflictos comunitarios antiguos, de origen poli?tico y territorial, que al no haber sido resueltos en el pasado, resurgieron y se intensificaron volviendo a generar situaciones de violencia y, por consecuencia, desplazamientos.
La CMDPDH advirtió que las víctimas del fenómeno se ven aún más vulnerables debido a la ausencia de reconocimiento y de un marco jurídico normativo que brinde protección y atención a las personas internamente desplazadas durante todas las fases del ciclo del desplazamiento. «Es por ello que desde la CMDPDH llamamos al Gobierno federal y a los gobiernos estatales a elaborar un diagnóstico oficial que incluya el número de personas desplazadas en el país y la situación en la que se encuentran. Asimismo, recordamos que es la obligación del Estado mexicano proteger, atender y garantizar que la sociedad mexicana viva sin miedo en sus comunidades, así como respetar los derechos humanos de las cientos de miles de víctimas de desplazamiento interno forzado en el país», señalaron.