Ciudad de México, 26 de abril de 2018. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), señaló que en la revisión de la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Írene Alvarado Reyes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estudiará los riesgos de la militarización de la seguridad pública en México y puede sentar un precedente importante para la Suprema Corte mexicana, que está evaluando la constitucionalidad de la controvertida Ley de Seguridad Interior, la cual busca normalizar y ampliar el papel de las fuerzas armadas en la seguridad del país.
La revisión del caso se hará hoy y mañana y es transmitido en la página de la Corte.
WOLA resaltó que, por primera vez, la Corte IDH juzgará un caso sobre violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas mexicanas durante operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado. Nitza, José Ángel y Rocío fueron detenidos por soldados en el estado de Chihuahua en diciembre de 2009; su paradero aún se desconoce.
“Las autoridades mexicanas no pueden negar que el despliegue de soldados en el país ha tenido un impacto devastador para los derechos humanos”, señaló Maureen Meyer, Directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA. “El estado de Chihuahua ha sufrido algunos de los peores abusos cometidos por soldados contra civiles. Después de casi diez años, las familias de las víctimas por fin tendrán la oportunidad de acudir a la Corte a buscar la justicia que se les ha negado en México”.
En el marco del Caso Alvarado, WOLA presentó un amicus curiae ante la Corte Interamericana sobre dos asuntos importantes que deben ser decididos en el caso: el impacto que la presencia militar en el estado de Chihuahua ha tenido en los derechos humanos en el periodo de 2008 a 2010 durante el “Operativo Conjunto Chihuahua”, y la falta de rendición de cuentas en casos de abusos cometidos por militares en México. El amicus muestra que la presencia masiva de soldados en Chihuahua no sólo no redujo la violencia en el estado, sino que resultó en un aumento de violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados mexicanos contra civiles. De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, en septiembre de 2009 se habían recibido más de 1 450 denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante el operativo.
El amicus también muestra cómo el Código de Justicia Militar de México todavía no cumple con los estándares interamericanos, además de que las investigaciones civiles no garantizan la justicia para víctimas de abusos de derechos humanos cometidos por soldados. Un informe reciente de WOLA encontró que la Procuraduría General de la República (PGR) ha fracasado en investigar y sancionar casos de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados mexicanos contra civiles. En diciembre de 2017, mientras el Congreso de México discutía la Ley de Seguridad Interior, la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por “la impunidad que prevalece respecto de los agentes de las fuerzas armadas involucradas en casos de violaciones a los derechos humanos”, y urgió al gobierno mexicano a “evitar la militarización de la seguridad pública”.