Ante Corte Interamericana, exhiben a Ejército y autoridades omisas

by

*  La semana pasada, por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó un caso de desaparición forzada ocurrido en el marco de la Guerra contra el Narcotráfico

Ciudad de México, 30 de abril de 2018. La desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, ocurrida en 2009, y las represalias que han sufrido decenas de miembros de su familia tras denunciar la participación de personal del 35 Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, fue examinado por jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Las audiencias se realizaron el jueves 26 y el viernes 27, tras llegar el caso a la Corte después de que el Estado mexicano fuera omiso a las recomendaciones que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar con el paradero de las víctimas, sancionar a los responsables de la desaparición y disponer de medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales, así como tomar diligencias legislativas y administrativas para que las autoridades de la justicia penal militar se abstengan de obstaculizar investigaciones en casos de desaparición forzada, entre otras.

En la fase de alegatos de cierre del tema, los integrantes de las organizaciones civiles que acompañan a los familiares de las víctimas expusieron nuevamente los detalles básicos de la desaparición de los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, ocurrida el 29 de diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura.

Asimismo, recordaron que hay testimonios sobre la responsabilidad de soldados en los hechos, incluidos los de algunos funcionarios que reconocieron ese punto de manera extraoficial, por lo que sí hay elementos para suponer que se trata de un caso de desaparición forzada.

Las abogadas subrayaron que el Estado no realizó acciones de búsqueda inmediata y apenas ha hecho 15 diligencias sobre el caso desde el día de los hechos hasta hoy, por lo que las indagatorias se encuentran prácticamente detenidas o consisten únicamente en la emisión de oficios entre instituciones.

De igual forma, señalaron que hubo una demora injustificada para interrogar a testigos presenciales de los hechos, no hay una hipótesis de caso que se pudiera seguir ni tampoco un plan de trabajo, por lo que la investigación se encuentra desarticulada, dispersa y durmiendo el sueño de los justos.

La delegación del Estado mexicano mantuvo la posición fijada por el Ejército, de que los hechos habrían sido perpetrados por miembros del crimen organizado disfrazados de militares.

Tras escuchar a ambas partes, los delegados de la CIDH –encabezados por Margarette May Macaulay– manifestaron que no ponen en duda la legitimidad de los operativos contra el crimen organizado, pero señalaron que dichas acciones generan un serio riesgo de que se cometan violaciones graves a los derechos humanos.

*Con información de Proceso y La Jornada