El reclamo fue el mismo en Ciudad de México, Puebla, Colima, Morelos, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Sonora y otros estados: que las autoridades de los distintos niveles de gobierno se pongan a trabajar en la búsqueda de las más de 40 mil personas reconocidas oficialmente como desaparecidas en México, que se establezca un mecanismo extraordinario de identificación forense y se fortalezca el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la aceptación de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para conocer de casos individuales en México, entre otras demandas. (…)

Víctimas y personas defensoras expusieron las deficiencias del Estado mexicano para atender la crisis humanitaria, a pesar de la voluntad expresa del nuevo Gobierno federal y advirtieron que no confían en los actuales sistemas de identificación forense. (…)

El CDHZL relató que Núñez acudió ayer a Ixtapaluca tras el llamado de auxilio de una persona defensora detenida por tomar fotografías de tala de árboles apoyada por los policías de la zona. Aunque el abogado logró la libertad de la persona defensora, él mismo fue privado de su libertad como represalia y trasladado al Centro de Mando y Comunicación de Ixtapaluca en calidad de detenido cerca de las 15:00 horas. (…)

El Juzgado Quinto de Distrito del Décimo Cuarto Circuito con residencia en Mérida, Yucatán, determinó conceder un amparo a  LSNG, mujer transgénero a quien el Registro Civil de la entidad le negó la posibilidad de adecuar su acta de nacimiento a su identidad sexo-genérica. (…)

La Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al Senado mexicano que la discusión sobre las leyes de la Guardia Nacional se realice en formato de parlamento abierto y que se incorporen los más altos estándares internacionales de derechos humanos en la nueva legislación. (…)

Indicaron que el cumplimiento pleno de la sentencia en todos sus extremos, sobre todo en los concernientes a la sanción de los responsables agotando la cadena de mando, debe ser una prioridad de la política gubernamental de derechos humanos en este sexenio.