Directores de albergues y centros de atención para migrantes que opera la Iglesia católica lanzaron ayer un llamado al Gobierno federal para que no se criminalice a los extranjeros ni se violen sus derechos, y cesen las intimidaciones de la Guardia Nacional y cuerpos de seguridad hacia los refugios. (…)

Las organizaciones consideraron alarmante que no exista una estrategia específica para detener el fracking y que, por el contrario, Pemex y la CNH continúen llevando a cabo esta técnica; exigieron al Legislativo tomar acciones inmediatas para hacer realidad el compromiso del Presidente de no permitir el fracking en México e invitaron a la población a sumarse a esta demanda firmando la petición en línea: nofrackingmexico.org/firma (…)

* Inai ordenará abrir casos de violaciones de derechos
* Enjuician a 6 policías por caso Apatzingán
* Entregarán 90 mdp para Laboratorio de Identificación Forense en Saltillo
* En atentado incendian bar de Coatzacoalcos; al menos 23 muertos
* Suspenden a dos agentes del Ministerio Público en CDMX por presunta filtración en caso de violación
* ONU exige que en indagatoria por asesinato de periodista Nevith Condés se incluya su labor informativa
* Tecámac, Zumpango y Nextlalpan lanzan defensa comunitaria contra Santa Lucía (…)

No es posible que hayan pasado ya diecisiete años desde que Inés y Valentina fueran violentadas y sigamos careciendo de información tan básica sobre cómo operan los distintos cuerpos de seguridad. En el contexto de la Guardia Nacional, es aún más preocupante que vayamos a quedarnos sin la única encuesta que nos permite monitorear el comportamiento de las autoridades al menos en el marco de una detención. (…)

Antes de las 9 de la mañana integrantes de la Guardia Nacional y policías federales llegaron a la estación migratoria para romper el cerco que mantenían los migrantes, quienes demandan que las autoridades migratorias mexicanas les entreguen un documento que les permita seguir su camino hacia Estados Unidos o Canadá. Desde hace semanas viven y duermen en las calles, en espera del documento. (…)

De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Mecanismo, en el 55% de los casos en que se identificaron los presuntos perpetradores, éstos eran servidores públicos, quienes están sujetos a un grado de responsabilidad superior, por su obligación de respetar a quienes ejercen labores de periodismo y defensa de los derechos humanos y de abstenerse de ataques en su contra. (…)