El estado de Tabasco vuelve a ser presa de su propia riqueza y de la ambición de algunas empresas que explotan el medio ambiente sin el menor de los escrúpulos. Las inundaciones en el estado sureño han sido las notas que han dado cuenta en los últimos cinco años de lo que ahí sucede.

En la entrega anterior, se nombró a Raúl Régulo, Javier Moya, Héctor Javier Salinas Aguirre y Regina Martínez como periodistas asesinados en el año 2012. Sin embargo, no han sido los únicos. Tal y como lo señalamos con oportunidad, el recuento de hostigamientos y graves violaciones a derechos humanos cometidas contra periodistas sigue y parece no tener una pronta línea conclusiva.

La voz de los periodistas se encuentra amenazada y la sociedad mexicana corre el peligro de vivir bajo la opacidad y el silencio. El asesinato de periodistas es preocupante en el contexto que vive el país, pues los comunicadores están sufriendo en carne viva la violencia de Estado.

Los derechos humanos son, todavía, una asignatura pendiente para los candidatos a la Presidencia de la República. Los posicionamientos al respecto suelen ser generales y vagos; por ejemplo, el decálogo del candidato del PRI enuncia el criterio de los derechos humanos, pero no dice cómo les dará cumplimiento o siquiera cómo dejará de violarlos sistemáticamente, como quedó claro con el caso Atenco.

Esta semana inició con la noticia de los camiones quemados de la empresa Sabritas. Michoacán, donde se dieron estos sucesos, está envuelto en una ola de violencia que nos muestra lo que puede ser el futuro del país.

Algunos de los estados de la República con más violencia son Guerrero y Michoacán. Ambas entidades tienen los índices más altos de personas asesinadas; además, hay desplazados y los grupos criminales se reparten impunemente el territorio. También en ellos ha habido una expresión estudiantil que ha sido relevante.