Los derechos humanos son, todavía, una asignatura pendiente para los candidatos a la Presidencia de la República. Los posicionamientos al respecto suelen ser generales y vagos; por ejemplo, el decálogo del candidato del PRI enuncia el criterio de los derechos humanos, pero no dice cómo les dará cumplimiento o siquiera cómo dejará de violarlos sistemáticamente, como quedó claro con el caso Atenco.
En este contexto es imprescindible que las organizaciones sociales que conocen las múltiples violaciones expresen las exigencias que se desprenden del actual momento histórico. La Red de Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDTT), que aglutina 71 grupos civiles de 21 estados de nuestro país, así lo hizo el día de ayer. Las seis organizaciones, junto con la Secretaria ejecutiva de la Red, denunciaron la brecha existente entre el discurso y las acciones de los candidatos y candidata; manifestaron que de diversas maneras han trabajado y generado estrategias para que sean atendidos temas urgentes y emergentes que consideran abonan al estado de derecho.
Señalaron que nuestro sistema de justicia está diseñado en función de un régimen autoritario cuya prioridad es la defensa del Estado y no de las personas. Las víctimas son principalmente los que están en una situación económica desfavorable; entre ellos, destacan los jóvenes, quienes han sido fuertemente criminalizados; los indígenas que sufren serias injusticias por las prácticas discriminatorias que permean el sistema judicial o por las nuevas concesiones mineras que se apropian del territorio y despojan a las comunidades; o los migrantes centroamericanos, quienes son secuestrados, torturados, violados y asesinados durante su trayecto hacia Estados Unidos; o las mujeres que siguen padeciendo una violencia extrema (no sólo en Ciudad Juárez); o las 3,149 niñas y jovencitas que han sido arrancadas de sus familias para padecer la trata sexual.
Todo esto se ha acrecentado en el sexenio de Felipe Calderón, cuya estrategia de seguridad ha provocado un río de sangre y en el que la impunidad prevalece en casi 60 mil muertes que nos se han investigado, ni atrapado a los responsables. Tal situación exige encontrar “culpables” de actos delictivos en el menor tiempo posible, así como la presentación de cifras exitosas, pero que no corresponden con la realidad. Esto favorece todo tipo de abusos no sólo por parte de las Fuerzas Armadas, sino también por las policías. Por cierto, ninguno de los cuatro aspirantes han dicho cómo será la formación, a quiénes convocarán, ni tampoco sobre las evaluaciones a realizar en su propagrama de policías.
Así, continúan siendo constantes las detenciones arbitrarias y las presentaciones publicitarias ante los medios de las personas detenidas acusadas de hechos delictivos. Los ministerios públicos y los agentes ministeriales no actúan con independencia e imparcialidad; al contrario, lo común es la discrecionalidad, la fabricación de pruebas por encima de la investigación; la intimidación, los golpes, los malos tratos y la tortura para lograr la autoinculpación de las personas; la coacción para que testigos y víctimas declaren hechos no apegados a la verdad. Es necesario que dejen de improvisar en las indagatorias y sobre todo de torturar, como lo hicieron con Israel Arzate.
Los candidatos y la candidata habrán de responder a la impunidad, que es uno de los principales obstáculos para que haya seguridad y justicia. Apenas el cinco de junio rememoramos la muerte de 25 niñas y 24 niños y más de 70 que resultaron con lesiones respiratorias, del corazón y físicas. Esto, sin que los principales responsables hayan sido castigados.
El autoritarismo de Estado, que vemos en una multitud de casos, explica que todos los esfuerzos se centran en poner a salvo al mismo Estado y a quienes pugnan por apoderarse de éste: funcionarios cuyos delitos quedan en la impunidad, empresas o ejecutivos que han llevado a un agotamiento de los recursos naturales, o delincuentes que exprimen a los migrantes o que cobran “derechos de piso”.
Así pues, exigimos a quien llegue a la presidencia, con independencia de si durante su campaña se comprometió o no, a cumplir las obligaciones que muy claras han sido establecidas en los diversos instrumentos internacionales y en la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Quien se encargue del Poder Ejecutivo tendrá la obligación de llevar adelante, de forma decisiva, la reforma al sistema de justicia, cuyo plazo vence en 2016 y que hoy demostramos llevamos un retraso que resulta preocupante.