Esta semana inició con la noticia de los camiones quemados de la empresa Sabritas. Michoacán, donde se dieron estos sucesos, está envuelto en una ola de violencia que nos muestra lo que puede ser el futuro del país.
A unos cuantos días de la furtiva toma de protesta de Presidente, Felipe Calderón anunciaba una guerra que pocos o nadie imaginaba el rumbo que tomaría. Creíamos ingenuamente que el crimen organizado sólo estaba relacionado con la producción, tráfico y venta de estupefacientes; sin embargo, los tentáculos de los grupos criminales ya estaban posicionados en otras áreas. Encontraron “su nicho de oportunidad” en el desplazamiento continuo a otras actividades delictivas: la extorsión, secuestro y control de los migrantes centroamericanos y de las rutas que se han convertido en cementerios improvisados; la trata de personas que aparece en centros nocturnos y prostíbulos; el “cobro de piso”, es decir, la extorsión a empresas y establecimientos comerciales que van desde bares hasta empresas mineras, etc. Ahora, atacan a transnacionales como Sabritas, del corporativo Pepsico.
Los ataques contra bodegas y vehículos de la empresa Sabritas de México, donde resultaron 42 vehículos calcinados y tres edificios dañados en Michoacán y Guanajuato, muestran que el apoderamiento de las actividades comerciales, no son ya solamente privativas de los pequeños propietarios. La prensa ha filtrado algunas declaraciones de un sicario que afirma que la cuota impuesta a la empresa había sido de 50 mil pesos mensuales y que varios meses se pagó, pero al interrumpir el pago se dio la represalia. Este tipo de acciones ya las habíamos visto: el caso más monstruoso es el del Casino Royale, en agosto del año pasado, donde fallecieron 52 personas.
El desarrollo comercial de la delincuencia ha ido aparejado de la colusión de las autoridades, en todos los niveles de gobierno e, incluso podríamos decir, que de todas las instituciones como lo evidenciaron la detención del subprocurador de la SIEDO y las últimas detenciones de generales del Ejército mexicano.
Las consecuencias son los más de 60 mil asesinados en este sexenio y un recrudecimiento de la violencia. El día 13, aparecieron mutilados y en descomposición 49 cuerpos en el municipio de Cadereyta. Ninguno de los cuerpos tenía cabeza y les habían cercenado las extremidades. El día cuatro del mismo mes, habían aparecido nueve cuerpos colgados en los puentes y otros 14 más decapitados. Y el día nueve, hubo otros 18 cuerpos mutilados en Ixtlahuacán de los membrillos.
Además hay 10 mil 783 cuerpos sin identificar en las morgues del país, con información actualizada sólo hasta 2008. Es muy grave porque se desconoce la identidad y causas de muerte de todas estas personas. La impunidad prevale porque no existen investigaciones, ni siquiera bases de datos confiables. A esta catástrofe se suma el asesinato de cientos de personas que luchan por la sociedad, como defensores de derechos humanos, periodistas y líderes comunitarios.
La impunidad, las violaciones a los derechos humanos y el detrimento de actividades comerciales continúan mientras Felipe Calderón se pregunta “¿Seguirán combatiendo a la delincuencia?”. Es pues, la estrategia gubernamental contra el crimen, una estrategia fallida que hoy ha beneficiado a ciertos grupos, en detrimento de toda la sociedad.