Comunidad indígena Lakaxkaxk’iu (El Mirador) y comunidad indígena nahua La Soledad

Como parte de la llamada “Reforma Energética”, que definió como prioridad para el uso del subsuelo la producción energética e ignoraba la autodeterminación de los pueblos y comunidades, en 2014 fueron realizadas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: se reformaron 12 leyes y se crearon otras 9, entre ellas la Ley de Hidrocarburos.

Las comunidades indígenas La Soledad y El Mirador, ubicadas en Tlachichilco, al norte de Veracruz, se percataron por los medios de comunicación de que el gobierno federal había reservado áreas para llevar a cabo las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y que sus tierras se encontraban en la denominada “Ronda Uno”, sin que alguien les hubiera consultado al respecto. Gracias a la fuerte presencia de Radio Huayacocotla, la Voz de los Campesinos, y la existencia de estas dos comunidades que decidieron explorar una estrategia legal como una parte de la defensa de su tierra y territorio, se inició un camino hacia la impugnación de la Ley de Hidrocarburos apoyado también por la Clínica Jurídica de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.

En el caso de La Soledad se sigue en espera de que se dicte la respectiva resolución de amparo.

Así, el 23 de septiembre de 2014, las autoridades tradicionales y agrarias de las dos comunidades, acompañadas por el Centro Prodh, presentaron una demanda de amparo cada una contra la discusión, aprobación, promulgación y expedición de diversos artículos de la Ley de Hidrocarburos al considerarlos contrarios al derecho a la tierra y territorio, al medio ambiente sano, al agua, a la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, al desarrollo, entre otros.

El Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Veracruz sobreseyó los amparos porque consideró que no había un “acto de aplicación de la ley” y a su parecer no existían afectaciones a las comunidades. Esta decisión fue impugnada en 2015; el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Boca del Río, Veracruz, quien conoció de estos recursos de revisión, decidió enviar de vuelta los amparos al Juez Octavo de Distrito para que éste, considerando que se trata de comunidades indígenas, volviera a realizar el procedimiento; es decir, que recabara todas las pruebas necesarias para beneficiar a la comunidad y posteriormente volviera a dictar una nueva sentencia de amparo.

Estos nuevos procesos de amparo implicaron la contestación, por parte de las comunidades, de la información proporcionada por diversas autoridades, entre ellas la Secretaría de Energía, que insiste en que mientras no exista algún proyecto o asignación, las comunidades no han sido afectadas. No obstante, éstas mantienen su postura porque el hecho de que sus tierras y territorios hayan sido contemplados en las rondas sin su consentimiento, siendo susceptibles de ser objeto de concesiones o asignaciones, representa por sí mismo un acto de afectación e inminente afectación de cara a la exploración y explotación de hidrocarburos.

El 30 de marzo de 2016, el Juez Octavo de Distrito emitió nuevamente sentencia de amparo respecto de la comunidad de El Mirador resolviendo exactamente lo mismo que en el año 2014 –sobreseyendo-, por lo que la comunidad interpuso un segundo recurso de revisión que está pendiente de ser resuelto por el mismo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Boca del Río, Veracruz.

 

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