El conflicto social de 2006 en Oaxaca, de inéditas proporciones, dejó un saldo alto de violaciones a derechos humanos, entre ellas el asesinato de al menos 26 personas. Hasta hoy éstas no han sido investigadas ni ha habido sanción para los perpetradores. La impunidad ha sido el rasgo distintivo de la gestión del saliente gobernador Ulises Ruiz.
El 13 de octubre de 2009, tras debatir sobre lo sucedido en Oaxaca entre mayo de 2006 y enero de 2007, la Suprema Corte de Justicia concluyó que se incurrió en violaciones graves de garantías que afectaron los siguientes derechos: a la justicia, a la vida, a la integridad personal, de propiedad y posesión, ala paz, a la libertad, a la libertad de tránsito, a la libertad de trabajo, a la educación, al derecho de acceso a la información pública y a la libertad de pensamiento y de expresión. El tribunal decidió, sin embargo, excluir como responsables en los hechos a los jefes policiales y al gobernador del estado. Su resolución alentó la impunidad.
Emblemáticas por sus saldos negativos fueron las jornadas de los días 25 y 26 de noviembre de 2006. Sin ninguna tutela judicial, fueron detenidas 141 personas. Muchas fueron trasladadas a un penal de Nayarit. Desde entonces los esfuerzos del movimiento social, articulado principalmente en la APPO, se concentraron en la defensa y excarcelación de los detenidos.
Lo vivido en Oaxaca, visibilizó el autoritarismo gubernamental en una región caracterizada por la exclusión de la población indígena y por la falta de compromiso estatal para garantizar derechos como la salud, la alimentación, o la educación. En 2006 se evidenció el descontento social y la falta de respuesta institucional a las demandas planteadas. Se hizo patente el empleo de las instituciones públicas por parte de los grupos dominantes.
Las exigencias de los diversos colectivos que confluyeron en el movimiento social, encontraron como única respuesta la cerrazón y la criminalización. El sistema de justicia fue empleado facciosamente para acusar de delitos inexistentes a quienes participaron en las diversas movilizaciones, e incluso a quienes no tomaban parte en éstas; fueron señalados como responsables de secuestro, lesiones, robo con violencia, daños a edificios y a otros bienes.
La disidencia y la protesta fueron criminalizadas. No se dio el más mínimo avance hacia la construcción de una sociedad plural, tan indispensable en un estado donde todas las voces, sobre todo las de los pobres y excluidos, deben ser escuchadas.
Las elecciones de julio de este año, en las que el Partido Revolucionario Institucional fue derrotado, tradujeron la inconformidad de una parte de la población. Sin embargo, algunos sectores reacios a los cambios y a la pérdida de sus privilegios han optado por conservar sus posiciones. Sin duda, algunos lucharán para lograrlo mediante estrategias políticas, otros lo seguirán haciendo, como hasta hoy, recurriendo a estrategias ilícitas, como el empleo de grupos parapoliciales.
Ante las nuevas circunstancias, no debemos perder de vista que uno de los saldos del conflicto social ha sido la debilitación de los vínculos sociales, el desgaste de actores relevantes, y el consecuente incremento de la vulnerabilidad de defensoras y defensores de derechos humanos. Bajo esta categoría, se incluye a todas las personas que mediante acciones diversas (el litigio, la protesta, la organización comunitaria o la investigación, entre otras) demandan del Estado el cumplimiento de sus responsabilidades.
La alternancia en el ejercicio del poder, puede abrir resquicios a situaciones favorables para la vigencia de los derechos humanos. Esto no sucede de manera automática. Logros democráticos pueden revertirse si no hay atención a los procesos participativos que son los que construyen y refuerzan la democracia. El debilitamiento de los vínculos entre actores fundamentales para la democratización del estado de Oaxaca y el desgaste que existe tras estos años de autoritarismo, deben ser revertidos, principalmente por el cúmulo de organizaciones que a través de los años han mantenido en alto sus exigencias legítimas.
El cambio de partido en el Ejecutivo estatal no tendrá ningún significado real hasta que se traduzca en acciones que reviertan o profundicen el autoritarismo previo. Habrá que esperar. El triunfo conseguido en las urnas da al próximo gobernador algunas ventajas. Esperamos que éstas no sean desaprovechadas y que Gabino Cué muestre en acciones concretas un compromiso a favor de los derechoshumanos.