Desde finales de la década de 1960 hasta finales de la década de 1980, el régimen autoritario que gobernaba México recrudeció las acciones de persecución de disidentes políticos. Se cometieron graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y las desapariciones forzadas surgieron como una práctica sistemática para eliminar a individuos percibidos como amenazas.
Retomando documentos obtenidos por los esfuerzos de organizaciones de víctimas, así como por reportajes periodísticos previos, el Centro Prodh y la Oficina de Investigaciones Visuales, Situ Research, reconstruyeron una de las iniciativas más emblemáticas de violencia estatal:
