Lo anterior en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y del cierre de la primera etapa de la campaña que logró reunir a 18 mujeres que denunciaron la tortura sexual de la que fueron víctimas por parte de elementos de las policías de distintos órdenes de gobierno, Ejército y Marina.
Las organizaciones señalaron que únicamente el año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de mil quejas por tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo los de tipo sexual. Asimismo, informaron que en 2011, Human Rights Watch (HRW) documentó alrededor de 170 casos de tortura en los estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y Asociadas por lo Justo (JASS) señalaron que en su reciente visita, el Relator sobre Tortura, Juan Méndez expresó que la tortura es generalizada en nuestro país, y externó su preocupación por el aumento de la práctica en contra de mujeres así como la falta de acceso a la justicia para las víctimas y la impunidad que impera en los casos.
En este sentido, el Centro Prodh precisó que —a través de solicitudes de información— la Procuraduría General de la República (PGR) señaló la existencia —entre 1994 y 2012— de dos condenas federales por tortura, mientras que el Consejo de la Judicatura Federal precisó que entre 2005 y 2013, se emitieron dos sentencias condenatorias; datos que contrastan con los presentados por el Estado mexicano al Comité contra la Tortura (CAT), donde informó sobre cuatro sentencias condenatorias entre 2005 y 2008, apuntó Stephanie Brewer, coordinadora del Área Internacional de la organización.
Asimismo, las organizaciones refirieron que el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), organización civil que brinda asistencia a víctimas de tortura, declaró que entre 2004 y 2013 atendieron 327 casos, entre los cuales se encuentran 57 mujeres que denunciaron haber sufrido tortura sexual, casi en su totalidad por parte de elementos de distintas corporaciones de seguridad del país.
Por su parte, las 11 mujeres denunciantes de tortura sexual en los “operativos” de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, e impulsoras de la campaña que tiene como fin “devolver la solidaridad que nos acompañó y alimentó nuestra lucha durante ya más de ocho años”, celebraron la reciente liberación de Belinda Garza Melo; e hicieron un enérgico llamado al Estado mexicano para que le devuelva la libertad a sus compañeras de lucha Claudia Medina Tamariz, Verónica Razo Casales y Yecenia Armenta Graciano, actualmente sujetas a procesos penales.
“El Estado que las torturó a través de sus cuerpos policiacos y castrenses, es el obligado a devolverles el goce de su plena libertad y sus vidas, a iniciar un camino de reconstrucción después de los ultrajes a su dignidad. No toleramos la criminalización de las mujeres torturadas, incluso sexualmente, como forma de control social, represión, castigo y de presentar falsos resultados en materia de seguridad. Insistimos en la necesidad de visibilizar el uso de la tortura sexual como una práctica sistemática del Estado mexicano”, señaló Norma Jiménez.
Video de la Conferencia de Prensa