Jacinta Francisco Marcial

Jacinta Francisco Marcial, indígena hñähñú (otomí) del Estado de Querétaro, (junto con dos indígenas más: Alberta Alcántara y Teresa González) fue detenida de forma arbitraria el 3 de agosto de 2006 y acusada de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que –seis meses antes- realizaron un operativo para decomisar mercancía apócrifa en al mercado central de Santiago Mexquititlán, Querétaro. Tras un proceso en el que no se respetaron los derechos fundamentales al debido proceso, Jacinta fue sentenciada injustamente a 21 años de prisión y a pagar una multa de 90 mil pesos.

El proceso que condujo a la condena por un delito inexistente estuvo lleno de fallas que constituyeron violaciones a los derechos humanos: la PGR consignó el caso con pruebas inventadas y contradictorias. Hubo, además, irregularidades relativas a su condición étnica: en el momento de su detención su comprensión del español era el mínimo indispensable para realizar operaciones prácticas, por lo que de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y la Constitución mexicana era necesario que se le hubiera proporcionado un traductor para asistirla. Sin embargo, ningún intérprete la asistió ni durante su declaración preparatoria, ni durante las demás diligencias del juicio.

Jacinta fue liberada el 16 de septiembre de 2009, después de que se ordenó reponer el procedimiento y de que la PGR (que nunca tuvo pruebas) decidió presentar conclusiones no acusatorias en su contra. Sin embargo, ella permaneció privada de su libertad, lejos de su familia, durante 37 meses.

Como se evidenció durante la defensa del caso, Jacinta fue procesada sin el más elemental respeto a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y los derechos inherentes a su identidad indígena. Además, se fabricó un delito de manera dolosa. La acusación se enfocó en señalarla y estigmatizarla como secuestradora.

Después de casi 10 años de que Jacinta fuera condenada injustamente en prisión por un delito que no cometió, en 2016, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México confirmó que la PGR debía reparar el daño, mediante la realización de una disculpa pública por haberla detenido, procesado y condenado ilegalmente por el delito de secuestro que no cometió, ya que una indemnización no resarcía por sí sola el daño ocasionado.

En 2017 se llevó a cabo el acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública de la PGR. Dicho acto también incluyó a las mujeres hñähñú Alberta Alcántara y Teresa González.