Hugo Sánchez es un joven indígena mazahua acusado por los delitos de secuestro por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y portación de armas por la Procuraduría General de la República (PGR). Después de más de dos años de proceso fue condenado sin pruebas fehacientes a 37 años seis meses de prisión por el primer delito y a cinco años por el segundo, todo a partir de falsas imputaciones de policías ministeriales.
Sus familiares han agotado prácticamente todos los recursos legales para que sea reconocida su inocencia, pero eso no ha sido posible a pesar de que en el expediente constan múltiples contradicciones y de que ha quedado acreditado que él no pudo haber cometido los delitos que se le imputan. Como última opción,se acercaron al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que examinó detenidamente el expediente y realizó un exhaustivo trabajo de documentación, confirmando con ello la inocencia de Hugo y las diversas irregularidades de los procesos judiciales.
A pesar de las dificultades técnico-jurídicas que presenta el caso, en el Centro Prodh hemos decidido asumirlo en virtud de que es emblemático de la problemática estructural que aqueja al sistema de procuración y administración de justicia mexicano y de la especial situación de vulnerabilidad de algunas personas y sectores sociales ante este sistema. Desafortunadamente, no es novedad que los sectores sociales históricamente excluidos, en razón de su condición económica o étnica, sufran con crudeza la discriminación de funcionarios públicos encargados de la aplicación de la ley.
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