A lo largo de su vida, José Ramón y Pascual han visto que Atla, la población donde crecieron, ha tenido cambios sorprendentes. Esta comunidad indígena, ubicada en la Sierra Norte de Puebla, es símbolo tanto del rico bagaje cultural que existe en nuestro país como de la manera en que los cacicazgos regionales oprimen y aplastan a su gente.
El cariño a su tierra y a los suyos, y la esperanza de contribuir a la transformación de Atla, motivaron a José Ramón y Pascual a aceptar el encargo de su comunidad: ser autoridades. Así fue que a pesar del control ostentado por un grupo en las últimas décadas, ambos soñaron con agua limpia y gratuita para todos.
Sin embargo, acontecimientos injustos derivaron en que estos defensores comunitarios del agua estén ahora en la cárcel, condenados a seis años, 10 meses y 20 días de prisión por las incriminaciones del grupo que se beneficiaba tramposamente del servicio de agua y las ilegales actuaciones tanto del Ministerio Público como de los juzgadores de primera y segunda instancia.
Debido a las grandes irregularidades del proceso, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) considera que su condena es una injusticia tanto para los defensores como para su pueblo, así como un agravio para todos aquellos que defienden los derechos humanos de sus comunidades.
