El pasado 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la Presidenta de la República rindió homenaje a las mujeres de las Fuerzas Armadas, en el Campo Marte, en la Ciudad de México. Además de las críticas legítimas sobre que este acto es una representación más de la creciente presencia de las Fuerzas Armadas en distintos ámbitos de la vida pública, es ineludible decir que – en una fecha emblemática donde hubo miles de expresiones contra las violencias en las calles de todas las entidades-, este evento pudo haber sido una oportunidad para reconocer las agresiones a las que las mujeres son sometidas por elementos de las Fuerzas Armadas, no sólo fuera de los cuarteles, sino también dentro de estas instituciones.
La mandataria hizo dos referencias sobre abusos al interior de los cuerpos castrenses. La primera ocasión durante su discurso en el Campo Militar acompañada del General Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa, y el Almirante Morales Ángeles, Secretario de Marina, cuando se refirió a las agentes como su “Comandanta”: “Quiero decirles que el reconocimiento que hoy hacemos no es sólo simbólico. Es también un compromiso con ustedes. Seguir construyendo instituciones más justas, más incluyentes, y libres de discriminación y violencia. Un compromiso para erradicar cualquier forma de discriminación, acoso o agresión”. La segunda, durante la conferencia mañanera del día siguiente, en donde, tras ser cuestionada sobre los casos de violencia a mujeres militares, la Presidenta señaló que hay varias estancias para realizar una denuncia y que se están reforzando las áreas para que se pueda realizar estos reportes “en un marco de toda confianza”.
Estas declaraciones resultan, por decir lo menos, insuficientes frente a la desigualdad, discriminación estructural y los cientos de reportes de violencia que enfrentan las mujeres dentro de estructuras profundamente jerárquicas y patriarcales, las cuales han estado en la impunidad durante años. Investigaciones como “Radiografía de la impunidad: violencia sexual en los cuarteles”, de la periodista Zorayda Gallegos, publicada en medios como Fábrica de Periodismo y El Universal, han documentado un panorama alarmante: en los últimos doce años se han abierto más de 525 investigaciones por violación, abuso, acoso y hostigamiento sexual dentro del Ejército. En ese periodo, los fiscales militares sólo han conseguido 17 sentencias condenatorias y apenas 3.2 por ciento de los casos llevados a tribunales.
A ello se suman los casos recientes, como el de Stephania Carmona Rojas, integrante de la Guardia Nacional, quien murió tras una práctica de tiro y el responsable se dio a la fuga; o el de Dalila Acosta Medina, quien fue encontrada sin vida en el estacionamiento de su destacamento, en Acapulco. Su muerte fue inicialmente investigada como un suicidio, pero su familia ha alertado sobre la posibilidad de que hubiera estado relacionada con hechos violentos dentro del cuartel. Sobre la impunidad en estos casos no hubo referencia ni durante el homenaje, ni durante la conferencia matutina.
Todo ello muestra una realidad alarmante: la violencia de género a la que también se enfrentan las mujeres que portan uniforme, quienes enfrentan obstáculos mayúsculos para acceder a la justicia. Las agentes y sus familias luchan contra instituciones machistas, parciales y sin independencia que suelen ocultar o minimizar situaciones agraviantes y se niegan a iniciar investigaciones diligentes, transparentes y con perspectiva de género. De hecho, conforme a las obligaciones en materia de derechos humanos del Estado, delitos tan graves como la violación y otros de violencia sexual no deberían de ser investigados por la jurisdicción militar.
Ante este panorama, la apuesta por hablar de abusos y violencias en un día fundamental para hacer el reconocimiento de esta realidad atroz contra las mujeres, era una oportunidad para que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de la Marina (SEMAR) o la propia Presidenta presentaran iniciativas concretas para abordar estos casos.
México no es el único país que, al reconocer el rol de las mujeres en sus Fuerzas Armadas, ha tenido que confrontar las violencias que ellas enfrentan. Sin embargo, solo con acciones concretas podrá dar pasos para dejar de ser parte de la larga lista de países donde la impunidad castrense multiplica los impactos de las más paradigmáticas prácticas de la discriminación y violencia basada en género en contra de las mujeres que son parte de sus filas.
Este debate ocurre, además, en un momento relevante a nivel internacional. Esta semana se lleva a cabo la 70 sesión de Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70 por sus siglas en inglés), que su tema prioritario es el de garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas, entre otras cosas promoviendo sistemas jurídicos inclusivos y equitativos, eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias, y afrontando las barreras estructurales. Incluyendo las que enfrentan las mujeres que son integrantes de los cuerpos de seguridad.
El pleno reconocimiento de la violencia contra las mujeres en las instituciones castrenses, la investigación diligente de los casos, y un discurso más enérgico frente a las denuncias, no sería contradictorio con el reconocimiento a las mujeres que integran estas instituciones. Por el contrario, sería un mensaje que incluso podría alentar a mujeres civiles que han denunciado por años el uso de violencia sexual por parte de elementos de las Fuerzas Armadas y cuyos casos continúan en la impunidad, como Denis Blanco, Korina Utrera, Charly Hernandez y Magdalena Saavedra; las primeras tres detenidas y torturadas sexualmente por la Marina en Veracruz y la última en San Luis Potosí.
La agenda del 8 de marzo no es una de conmemoración, de homenajes ni de desfiles, es una fecha emblemática para tomar las calles y demandar la erradicación de las múltiples violencias en todos los espacios, especialmente en los institucionales. Ese mensaje debe resonar con claridad: tanto para uniformadas como civiles, exigimos justicia para todas.
