Dos décadas desde aquel 19 de febrero de 2006 en el que 65 mineros perdieron la vida tras el siniestro en la Mina 8 en Pasta de Conchos, hoy se han recuperado los cuerpos de 25 mineros. Cada una de estas recuperaciones es una constatación de que el rescate siempre fue posible y las familias siempre tuvieron razón.
“Como en los huertos, la verdad es posible”. Así se expresaron, durante el XX Memorial de los hechos, familias de los 65 mineros que perdieron la vida tras el siniestro en la Mina 8 en Pasta de Conchos. Han sido 20 años en los que las viudas, madres, sus hijas e hijos, la comunidad y decenas de personas solidarias que les han acompañado han alzado la voz para exigir el rescate de los cuerpos, justicia, verdad y que haya la garantía de que un acontecimiento tan atroz no se repita de nuevo.
Dos décadas desde aquel 19 de febrero de 2006 en las que ellas y ellos han señalado la negligencia de la empresa Grupo México; un largo caminar en el que también se han enfrentado contra la indiferencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y contra autoridades indolentes de tres administraciones federales –de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto–, que les negaron la recuperación de los cuerpos, sosteniendo que era imposible basados en estudios pseudocientíficos y declaraciones públicas en las que, aseguraron, era una “irresponsabilidad” comprometerse a ello con las familias.
Hoy se han recuperado los cuerpos de 25 mineros, principalmente gracias al impulso de las familias, junto con las organizaciones que les acompañamos y también -hay que decirlo-, al esfuerzo de autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Federal de Electricidad, así como a la voluntad política de las administraciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Cada una de estas recuperaciones es una constatación: el rescate siempre fue posible y las familias siempre tuvieron razón.
Con el rescate en curso, el estruendo de la mina sigue resonando, esta vez impulsado por la esperanza y la persistencia de las familias no para extraer carbón, sino para traer de vuelta a sus seres queridos.
Primero, hasta que todos y cada uno de los mineros que aún permanecen en Pasta de Conchos vuelvan a casa y existan garantías de seguridad para los rescatistas. “La voluntad debe mantenerse firme y sin pausas, hasta que se cumpla la totalidad del rescate, rompiendo finalmente con el ciclo de impunidad y atendiendo la precariedad laboral que ha caracterizado históricamente a la región carbonífera de Coahuila”, expresó Elvira Martínez, viuda del minero Bladimir Muñoz, durante el memorial.
Sumado a ello, la verdad y la justicia: que las indagatorias continúen para explicar, a las familias y a toda la sociedad mexicana, qué pasó exactamente al interior de la mina y por qué ocurrió. Es ineludible que el rescate se acompañe por el esclarecimiento de los hechos, la determinación de las medidas de seguridad que faltaron y las acciones y omisiones, tanto de la empresa como de las autoridades, que permitieron que el siniestro sucediera. Por ejemplo, “En las paredes de la mina debería ir una cuerda de vida (…) una medida de seguridad muy barata, que por supuesto no le salvaría la vida a los mineros, pero que Grupo México también se la quiso ahorrar y para nosotros se ha convertido en el símbolo del desprecio por la vida de los trabajadores”, explicó Cristina Auerbach, de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC). El caso se encuentra actualmente en etapa de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha reconocido que hay indicios de violaciones de derechos humanos que se encuentra valorando para determinar la responsabilidad del Estado mexicano.
A todo lo anterior, y de suma trascendencia para las familias, se abona la ineludible obligación de implementar medidas de no repetición. La OFPC ha documentado que al menos 138 mineros han fallecido en la región carbonífera coahuilense sólo en el periodo posterior a la tragedia de 2006, como ocurrió más recientemente en Rancherías en 2021 y en Pinabete en 2022. Por ello, han demandado que haya cambios reales en las supervisiones en las minas, cuevas y pozos y se promuevan alternativas laborales que transformen la realidad económica de la zona. La verdadera garantía de no repetición no es solo regresar a casa a quienes se quedaron atrapados sino asegurar que nadie más tenga que ser rescatado.
En la búsqueda de nuevas perspectivas para la región, la OFPC ha impulsado el proyecto “Sembrando Transición”, que plantea acabar con la narrativa de un destino único ligado a la extracción minera en la región. Las familias han sido claras: las alternativas no pueden seguir poniendo en riesgo la vida, en particular, ante la inminente amenaza del uso de fracking en el estado.
El camino ha sido largo y complejo. Han sido 20 años sumamente complejos, aún con un camino por delante, como se documentó en el reportaje “En el desierto la esperanza florece”. Sin embargo, los avances en el rescate representan pasos de justicia que demuestran que cuando hay voluntad política se pueden mover toneladas de tierra y romper con décadas de impunidad para recuperar a quienes faltan. También demuestra que el diálogo respetuoso entre víctimas y autoridades es posible y puede tener un alcance reparatorio que dignifique las exigencias de las familias.
Con ese mensaje de esperanza, la lucha de las familias de Pasta de Conchos se ha vuelto ejemplo y símbolo de esperanza, una auténtica cuerda de vida para tantas otras luchas de larga data y para las víctimas de la violencia del presente, que en el desierto de la impunidad exigen verdad, justicia y reparación, a todas ellas les expresamos nuestra más profunda solidaridad; y especialmente a quienes buscan que sus seres queridos también vuelvan a casa. Que esta cuerda de vida también alcance a quienes hoy atraviesan momentos de dolor e incertidumbre.
