En el caso de Guadalupe y Javier la exigencia es clara: que las personas juzgadoras valoren integralmente las pruebas, reconozcan la participación de los responsables y garanticen la seguridad de las víctimas.
“Como buscadores de nuestros seres queridos, enfrentamos el dolor que nos carcome hasta los huesos. Nos enfrentamos a la revictimización cuando nos acercamos a las autoridades (…) Así pasan los días, meses, años. En nuestro caso, mi hija fue entregada justo al año que la desaparecieron, en todo ese tiempo las autoridades no fueron para buscarla”, así comenzó Ma. del Tránsito Piña su participación en el foro “Buscar no debe costar la vida”, el pasado 5 de febrero, tras la proyección del documental “El lugar de la memoria, retorno a Salvatierra”, en la Universidad de Guanajuato. Ella, junto con su esposo Javier Barajas y colectivos en la entidad y en el país, sigue luchando contra la impunidad que enfrentan los miles de casos de desaparición en México.
Han sido ya 6 años de lucha de la familia Barajas Piña, “los profes”, como les conocen con cariño muchas personas en la entidad y quienes se han solidarizado con su caso. Primero, tras la desaparición de su hija, Guadalupe, en febrero de 2020, y quien fue encontrada sin vida un año después tras las labores de búsqueda de sus padres y hermano. Con el de Guadalupe, se encontraron 80 cuerpos en una de las fosas más grandes del país; de éstos sólo el caso de “la maestra Lupita” ha llegado a judicializarse.
Hoy la familia espera que se resuelva el amparo directo 51/2025, que promovieron tres de los sentenciados por la desaparición y homicidio de Guadalupe (un cuarto sentenciado se encuentra prófugo de la justicia), esto después de un proceso tortuoso donde ya se han dictado resoluciones absolutorias, con anterioridad. El caso lo resolverá el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito. El magistrado ponente Roberto Hoyos Aponte, junto con la magistrada Presidenta Lorena Citlali Piza Peña y el magistrado Rafael Rojas Licea, tienen en sus manos la oportunidad de poner fin de manera definitiva a este largo juicio.
La familia ha hecho el llamado para que el Tribunal sea firme y termine finalmente el proceso penal por la desaparición de Lupita y confirme la sentencia condenatoria en contra de los responsables. Si es así, por fin terminaría la larga búsqueda de justicia que han sostenido dignamente por años. De lo contrario, implicaría una grave regresión en el proceso, el cual ha representado múltiples riesgos y revictimización para la familia durante todos estos años y enviaría un mensaje de dolor e impunidad a los colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas en la entidad, incluidas las familias de las personas localizadas en la fosa de Salvatierra.
Este no es el único tormento de “los profes”. También buscan justicia por el asesinato de su hijo Francisco Javier, el 29 de mayo de 2021, el cual sucedió en represalia por la búsqueda de su hermana y de otras personas desaparecidas. El caso de Javier es emblemático de los riesgos letales que enfrentan las personas buscadoras en el estado de Guanajuato y en el país.
El proceso de justicia en este caso también ha estado lleno de obstáculos. Ahora la familia se encuentra a la espera de una nueva resolución de apelación. Si bien, en mayo de 2024 se dictó sentencia condenatoria contra los dos implicados, el Poder Judicial de la Federación ordenó reponer el proceso en el caso de uno de ellos (sentenciado por su participación tanto en el homicidio de Javier como en la desaparición de Guadalupe) por cuestiones formales. La posible confirmación de la sentencia se encuentra frente a la Sala Séptima Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, a cargo del magistrado Luis Alberto Valdez López, y se resolverá próximamente. La Séptima Sala penal tiene así la oportunidad de enviar un mensaje respecto a que buscar un ser querido nunca debe de costar la vida.
“La violencia no sólo nos quitó a nuestros hijos, nos arrebató la posibilidad de encontrar a los que nos faltan”, expresó Javier Barajas durante su intervención en el conversatorio, al dar cuenta de su desplazamiento fuera del estado ante los riesgos que enfrentan como familia.
El sinuoso camino de “los profes” es, paradójicamente, ajeno a lo que enfrentan miles de familias en la región y en el país, pues la mayoría de los casos de desaparición o de represalias a la búsqueda no llegan a ser conocidos por un juzgado. Por ello, las decisiones en los casos de la familia Barajas Piña pueden llegar a ser un “punto de inflexión” en esa tendencia inercial de impunidad que se vive en México, como lo enfatizó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México durante el foro. Esto, porque ambos casos están ante dos poderes judiciales –el federal y el de Guanajuato– que se encuentran en renovación después de una reforma ampliamente cuestionada.
Así, la sociedad, las organizaciones civiles acompañantes y los organismos internacionales estaremos vigilantes, para evaluar la actuación de las personas juzgadoras con base en sus sentencias. Lo que decidan estos tribunales no sólo resolverá dos expedientes: marcará el mensaje que la judicatura –estatal y federal– envía a quienes buscan a sus desaparecidos y reclaman verdad y justicia.
En el caso de Guadalupe y Javier la exigencia es clara: que las personas juzgadoras valoren integralmente las pruebas, reconozcan la participación de los responsables y garanticen la seguridad de las víctimas. Sólo así se podrá poner fin al dolor de “los profes”, y enviar un mensaje a las miles de familias que buscan a un ser querido: que en México todavía es posible enfrentar la impunidad, hasta encontrarlos, y hasta lograr que buscar no cueste la vida.
