Tras 80 años de trabajo de la ONU, es necesario reconocer los pasos dados a favor de los derechos humanos a nivel global y en México. Tal como lo refirió la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, ante la Asamblea General “La Carta [de las Naciones Unidas] solo es tan fuerte como la voluntad de los Estados Miembros de defenderla”.
Este 2025 es el 80 aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, documento fundacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como una apuesta entre los Estados por la paz, la seguridad y la cooperación tras la Segunda Guerra Mundial. En sus ocho décadas de existencia, la ONU, que actualmente congrega a 193 Estados miembros, ha logrado acuerdos y avances globales sumamente relevantes en torno al medio ambiente, la salud, la educación y el desarrollo.
Durante estos años, la ONU no ha estado exenta de cuestionamientos por sus limitaciones como un actor capaz de mediar y concretar soluciones frente a múltiples retos políticos. Más recientemente, respecto de su aproximación para prevenir y atender la migración forzada en distintas regiones del mundo, el cambio climático y el fortalecimiento de liderazgos y regímenes antidemocráticos, así como sus limitaciones para intervenir en incursiones militares auspiciadas o llevadas a cabo por los países que tiene veto en el Consejo de Seguridad –más recientemente en Ucrania y Gaza–, sin que el sistema multilateral pueda garantizar el cumplimiento del régimen de derecho internacional que lo creó. A eso se le suma las serias críticas en torno a su estructura, burocracia y la actual crisis de liquidez, generada por la falta de pago de cuotas de varios Estados miembros.
Esas contradicciones se pueden ver reflejadas en las distintas regiones, como Latinoamérica, en donde la ONU ha intervenido en momentos críticos como los conflictos armados internos en países como El Salvador y Guatemala, o más recientemente en la implementación del acuerdo de paz en Colombia. A la vez, en la misma región, el organismos multilateral ha sido incapaz de encontrar soluciones a situaciones como la de Haití, aún y cuando la situación ha sido discutida en el propio Consejo de Seguridad. También es destacable el trabajo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y otros proyectos de cooperación para el desarrollo, sin que se haya logrado que Latinoamérica deje de ser la región más desigual del mundo.
En México, el organismo actualmente cuenta con 25 agencias, fondos y programas especializados en áreas como la migración, derechos humanos, los derechos de las mujeres, la salud y el medio ambiente –un ejemplo es el recién firmado Marco de Cooperación 2026-2031, en el cual la ONU y el Gobierno mexicano colaboran en áreas estratégicas como gobernanza y Estado de Derecho–. La representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH México) tiene un espacio en particular por su labor no sólo de promoción de derechos humanos, sino también de defensa, de la mano de una sociedad civil que se ha fortalecido con su acompañamiento.
Son este tipo de acciones las que subrayan la importancia de contar con un andamiaje robusto –siempre perfectible en su operación– de organismos especializados que, con firmeza, den cuenta de las violaciones a derechos humanos que se siguen cometiendo en el país y construyan rutas de cooperación y asistencia técnica con los Estados para hacerles frente. Aún cuando éstos, como es el caso de México, se muestren renuentes a cumplir con las recomendaciones a nivel nacional, aceptar el escrutinio internacional y la construcción conjunta de alternativas a las exigencias de justicia, no repetición y paz que hoy reclaman las víctimas de la guerra, la militarización y las múltiples violaciones a los derechos humanos.
Así lo hemos visto en el país en la última década, ante la evaluación de órganos de tratados o procedimientos especiales sobre la situación de México, como la Relatoría Especial sobre la Tortura, que han señalado con firmeza la prevalencia de esta grave violación a derechos humanos y ha presentado acciones concretas para su abordaje, o más recientemente, el Comité contra las Desapariciones Forzadas (Comité CED), que se ha pronunciado y ejercido todas sus facultades ante la gravedad de la crisis de las desapariciones. Asimismo, diversos órganos o personas expertas de la ONU han señalado en múltiples ocasiones los impactos de la militarización de la seguridad pública, por medio de recomendaciones específicas al Estado. Todas estos pronunciamientos han llevado al Estado mexicano a una posición negacionista, más que de colaboración y fortalecimiento del sistema internacional de derechos humanos, el cual, más que nunca, requiere de un fortalecimiento a nivel multilateral y a nivel nacional.
Es claro que el Sistema Universal debe ser revisado y reformado a fin de simplificar procesos, garantizar una gestión transparente, una capacidad de respuesta mucho más eficiente y asegurar la adecuada representación de los Estados en espacios deliberativos y de decisión relevantes como el propio Consejo de Seguridad –como lo ha abogado el propio Estado mexicano por cerca de una década–; así lo han reconocido sus propias autoridades.
Sin embargo, tras 80 años de trabajo de la ONU, también es necesario reconocer los pasos dados a favor de los derechos humanos a nivel global y en México. Tal como lo refirió la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, ante la Asamblea General “La Carta [de las Naciones Unidas] solo es tan fuerte como la voluntad de los Estados Miembros de defenderla”.
En este sentido, además de llamar a una reforma de la ONU y el llamado a que tras 80 años de historia continúe adaptándose a las necesidades mundiales para que mantenga su vigencia, es necesario que los Estados –como lo ha hecho históricamente el mexicano– mantengan su colaboración y reconozcan realmente la relevancia que la asistencia técnica internacional tiene para mejorar las condiciones de vida y el acceso a la justicia para las personas. Hoy más que nunca la complejidad del entorno internacional nos llama a defender el multilateralismo y la cooperación internacional, a fin de que se consoliden acuerdos comunes para garantizar la dignidad de todas las personas.
