La magnitud y la persistencia de la crisis de derechos humanos y violencia que vivimos actualmente en México se debe a diversas causas históricas. Una de las más importantes es la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y su fuerte presencia, en general, en la vida pública del país.
Al inicio de la administración anterior, parecía factible un cambio en la forma de enfrentar el problema de seguridad hacia un modelo donde se fortaleciera el carácter civil de los elementos de seguridad; sin embargo, esto no sucedió. En contraste, se consolidó a la Guardia Nacional (GN) como un cuerpo militarizado. En la actual administración, continúa la política de seguridad que ha profundizado el poder militar: a partir de las reformas aprobadas en septiembre de 2024, la GN forma parte de la Fuerza Armada Permanente junto con el Ejército, Marina y Fuerza Aérea.
Los posibles impactos de esta política en materia de derechos humanos –como el acceso a la justicia y a la verdad en casos de violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas–, en un contexto de falta de rendición de cuentas, opacidad y ausencia de controles civiles sobre el actuar militar, siguen siendo parte de las preocupaciones de organizaciones de derechos humanos que, como el Centro Prodh, desde hace más de tres décadas, acompañamos a las víctimas de la violencia.
Es importante reconocer el valioso aporte que la sociedad civil, las organizaciones y, sobre todo, las víctimas pueden ofrecer para construir alternativas frente a la inseguridad y la violencia. Este testimonio compartido se basa en la defensa del respeto a la dignidad de todas las personas.
