La representación mexicana aprovechó su comparecencia ante la CEDAW para cuestionar la actuación del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), que activó el mecanismo para revisar la grave situación de desapariciones en México. Con ello el Estado mexicano evidenció su reticencia al escrutinio internacional.
La semana pasada, México fue examinado por el Comité de Naciones Unidas (ONU) que vigila el cumplimiento de la Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación de la Mujer, conocido por sus siglas en inglés como Comité CEDAW.
La ocasión fue relevante pues permitió hacer un balance sobre cómo se encuentra nuestro país en la garantía de los derechos de las mujeres y especialmente el avance hacia la igualdad sustantiva. Por parte del Estado, hubo una nutrida representación de los tres Poderes de la Unión, encabezada por la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, lo que por sí mismo es relevante dado que en los últimos años, lamentablemente, ha bajado el nivel del funcionariado que representa al Estado en este tipo de comparecencias internacionales.
Desde luego, las expertas que integran el Comité mostraron reconocimiento al logro civilizatorio que representa la elección en México de la primera mujer presidenta en más de 200 años de República independiente. También pusieron de relieve su apoyo a las reformas que se han adoptado para avanzar en la igualdad sustantiva, disminuir la brecha salarial y en la plena incorporación de la perspectiva de género en las políticas del Estado.
Al mismo tiempo, sin embargo, mostraron gran preocupación sobre cuestiones relacionadas con seguridad y justicia, dada la persistente crisis de violencia que enfrenta el país, en gran medida porque las muy sólidas organizaciones civiles feministas allegaron oportunamente información paralela mediante los llamados “informes sombra”. Así, por poner sólo algunos ejemplos, sobre la crisis de desapariciones el Comité expresó preocupación por su impacto diferenciado en las mujeres y alertó sobre los riesgos que enfrentan las madres buscadoras, en un contexto en el que sólo en lo que va del 2025 se han registrado al menos 4 asesinatos de personas buscadoras. Las integrantes del Comité también se refirieron a la cuestión de la tortura sexual, indicando que no se cuenta con una política amplia de atención y reparación para mujeres sobrevivientes de esta grave violación a los derechos humanos. Otro importante tema sobre el que llamaron la atención fue la militarización, pues, aunque el Estado mexicano negó que ésta existe, las expertas refirieron la falta de protección de las mujeres detenidas por fuerzas castrenses y la documentación de casos de violencia sexual. En esta misma tesitura, este órgano de la ONU externó su preocupación respecto a los retrocesos en la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la desaparición de organismos autónomos como el INAI.
Una cuestión que llamó particular atención en la evaluación fue la prisión preventiva oficiosa, sobre la cual el Comité CEDAW destacó su impacto desproporcionado en las mujeres y el incremento de población privada de su libertad debido a esta medida, cuestionando al Estado sobre las acciones que estaría llevando a cabo para eliminar esta figura del marco jurídico nacional como le ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Comité expresó así su preocupación por el tiempo que pasan muchas mujeres sin sentencia y señaló que esta figura “se ha convertido en un castigo de facto”. Y aunque la representación del Gobierno Federal intentó confundir a las expertas con información confusa y manipulada, el representante del Poder Judicial –Arturo Guerrero— confirmó que el tema amerita preocupación.
En suma, la comparecencia de México ante el Comité CEDAW reconoció ciertos avances a la vez que permitió ubicar y enumerar algunos de los grandes pendientes para la garantía plena de los derechos de las mujeres en el país. Con objetividad fue puesto de relieve que si bien los avances en la representación política de las mujeres son innegables, aún falta un largo trecho para poder afirmar que en el país son plenamente vigentes todos los derechos de todas las mujeres.
Al margen de lo anterior, durante la comparecencia se presentó una situación inusual en la que vale la pena reparar antes de concluir. Al responder el cuestionamiento de las expertas sobre cómo la crisis de desapariciones afecta de forma diferenciada a las mujeres, la representación mexicana aprovechó el foro para cuestionar la actuación del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés). Así, se acusó a este otro órgano de la ONU de haberse extralimitado en sus funciones cuando activó, el pasado mes de abril, el mecanismo previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones para revisar la grave situación de desapariciones en México.
Como hemos dicho en este espacio, es la primera vez que este mecanismo se activa respecto de un Estado, ante un contexto en el que se considera que las desapariciones pueden ser generalizadas o sistemáticas. Y aunque ello debería incentivar a México para entrar en una dinámica cooperativa con el Comité antes de que la cuestión se analice de nuevo en septiembre próximo, el Estado ha optado por una lógica adversarial, como quedó en evidencia ante el Comité CEDAW.
En efecto, ante la sorprendida mirada de las expertas, México se lanzó contra el Comité CED afirmando que este ilegalmente estaba basando su actuación en la “Declaración sobre Agentes No Estatales” que publicó en 2023, misma que la representación mexicana de forma inusitada calificó como “unilateral” e incluso de ser incompatible con el “objeto y fin” de la Convención sobre desapariciones forzadas. Una argumentación peregrina que aunque pretende ser técnica, en el fondo evidencia a un Estado reticente al escrutinio internacional ante la crisis de desapariciones, que llega al extremo de cuestionar la facultad que tiene el Comité de interpretar la propia Convención que lo crea, posición ya manifestada en el pasado, incluso por escrito, en la que pese a haber sido desestimada, México insiste con obstinación. Una mala señal por donde se vea, que embona bien con el tono pendenciero que sobre el tema adoptó el presidente del Senado y que extraña de una Cancillería que puede ser más sofisticada que eso.
