
Ciudad de México, 19 de mayo de 2025.- Luego que la Ley General de Víctimas (LGV) –promulgada en 2013– y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) cumplieran más de una década, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentamos el informe: “De la esperanza a la decepción: una década del sistema nacional de atención a víctimas”.
El documento se difunde hoy porque hace 10 años, el 20 de mayo de 2015, se realizó la primera y última sesión ordinaria del Pleno del Sistema. El hecho de que luego de esa primera reunión nunca haya habido otra, experimentando el Sistema el abandono de tres presidencias, es una realidad objetiva que en sí misma evidencia el abandono de las víctimas por parte del Estado Mexicano
El documento cuenta con un balance sobre el estado que guarda la LGV, el SNAV, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones estatales, a partir de un recuento histórico. Busca contribuir a la reflexión a partir de la memoria, y el análisis de la experiencia de las personas que acuden al Centro y del propio acompañamiento que brindamos como organización.
Para la realización del informe, en el Centro Prodh también realizamos un ejercicio de monitoreo constante, a partir de solicitudes de información ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), hoy ya eliminado. Así, ante las dificultades que se enfrentarán para seguir actualizando la información, difundimos este reporte, con la información disponible hasta la actualidad.
Tras la revisión de la documentación, el balance refleja que las instituciones creadas para proteger los derechos de las víctimas han sido incapaces de garantizar la atención digna. Desde los contenidos iniciales de la legislación inicial, la falta de voluntad política expresada en el poco acompañamiento constructivo que ha habido desde los más altos niveles de la administración pública federal, a lo largo de tres administraciones. También señala que las entidades federativas mantienen un retraso relevante en el cumplimiento de sus obligaciones y han negado su apoyo a las comisiones de las entidades. Tampoco se cuenta con un liderazgo desde el Gobierno Federal en la adopción de políticas públicas nacionales.
Otra de las obstrucciones para el correcto funcionamiento del SNAV es el injustificado golpe presupuestal que le supuso a la CEAV la pérdida del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y, con ello, el mínimo presupuestal anual que se debía otorgar para el SNAV, terminaron de restar legitimidad a una instancia que costó esfuerzos monumentales a las víctimas y la sociedad civil.
Al final del informe también se presenta una propuesta de medidas concretas, que podrían retomarse de cara al futuro para revertir la problemática: retomar desde la Presidencia de la República el liderazgo en el SNAV; abrir un ciclo de deliberación pública genuina para analizar estos diez años; regresar a la garantía de mínimo presupuestal anual que establecía anteriormente la LGV; revisar el funcionamiento de la Asesoría Jurídica victimal; asegurar que exista vinculación entre el SNAV y los sectores educación y salud e infancias; garantizar que el funcionariado que integra las instituciones de atención victimal cumpla con un perfil mínimo de idoneidad; diseñar programas administrativos de reparación con baremos objetivos; garantizar la transparencia proactiva ante la inminente desaparición del INAI; avanzar en la homologación de mínimos respecto de la estructura, funcionamiento y presupuesto de las comisiones, y potenciar las acciones encaminadas a preservar la memoria de la violencia exacerbada que ha vivido el país.
Desde el Centro Prodh consideramos imperante revisar o modificar el Sistema, dado la situación de violencia actual que continúa en niveles altos, ya que el número de víctimas continúa aumentando en el país y por tanto sigue creciendo la demanda de servicios respecto de las comisiones victimales.
El balance completo puede consultarse aquí.