La liberación de Keren representa una victoria en la lucha por la justicia, pero también nos recuerda que cientos de mujeres permanecen privadas de su libertad de manera injusta en el país, enfrentando un sistema de justicia que ratifica y replica estereotipos de género discriminatorios.
Hace unos días, Keren Ordóñez, sobreviviente de tortura y quien estuvo encarcelada injustamente durante más de nueve años, recuperó su libertad. Luego de haber sido sentenciada a 50 años de prisión por un delito que no cometió, el pasado 16 de abril la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala resolvió su caso, a partir de un proyecto elaborado por la magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, y revocó la condena para absolver a esta joven mujer y madre veracruzana de todo cargo.
La resolución incorporó un análisis con perspectiva de género, reconociendo las circunstancias específicas de vulnerabilidad que enfrentaba Keren al momento de su detención: entre ellas, las complicaciones médicas que presentaba, tras haber parido a su hija, 29 días antes. La sentencia también denuncia el uso de estereotipos de género por parte del juez de primera instancia, pues este fallo cuestionó la presencia de Keren en el lugar de los hechos acompañada de su hija recién nacida, “en un día frío de diciembre”, a partir de prejuicios sobre cómo pretendidamente se esperaría que actuara una “buena madre”.
En conferencia de prensa realizada en el Centro Prodh el pasado martes, Keren agradeció a todas las personas que creyendo en su palabra se sumaron a la exigencia de libertad y al mismo tiempo recordó: “En esta lucha he conocido a muchas personas que siguen buscando justicia […] porque no hay equidad para muchas mujeres. La lucha debe de continuar. No voy a dejar de alzar la voz”.
Este fallo no solo representa un avance en la aplicación de la perspectiva de género en el ámbito penal, sino que constituye una sentencia única en el estado de Tlaxcala. De acuerdo con una solicitud de transparencia realizada por el Centro Prodh, desde 2018 hasta antes de esta resolución no se había dictado ninguna resolución que revocara una sentencia de un juzgado en casos relacionados con el delito de secuestro agravado.
El caso de Keren es reflejo de un patrón de profunda violencia estructural de género en nuestro país. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021 del INEGI, el 23.9 % de las mujeres sentenciadas lo fueron por secuestro, frente al 11.7 % de hombres. En muchos casos, se trata de mujeres jóvenes que viven en contextos de alta coerción por parte de sus cónyuges o concubinos, frente a los cuales ellas no detentan plena libertad e independencia. Esta vulnerabilidad se agrava dado que las mujeres acusadas difícilmente acceden a una defensa de calidad que eleve ante las autoridades juzgadoras argumentos basados en la perspectiva de género. Adicionalmente, las mujeres continúan siendo sujetas a actos de tortura de manera diferenciada; por ejemplo, de acuerdo con la misma fuente, el 39.8 % de las mujeres privadas de libertad reportaron haber sufrido algún tipo de agresión física con posterioridad a su detención y, de ellas, el 25 % reporta agresiones físicas de carácter sexual; esta cifra contrasta con el 16.5 % de los hombres que reportaron uso de violencia sexual en su contra.
Frente a este contexto, la liberación de Keren representa una victoria en la lucha por la justicia, pero también nos recuerda que cientos de mujeres permanecen privadas de su libertad de manera injusta en el país, enfrentando un sistema de justicia que ratifica y replica estereotipos de género discriminatorios.
Hay que decir que los problemas que evidencia el caso de Keren no cambiarán con la reforma judicial que se aprobó. En ésta las fiscalías quedan intocadas, pese a que son las instancias que con tortura y fabricaciones propician que personas inocentes terminen en la cárcel. Peor aún: la reforma aprobada dificultará que inocentes sean absueltos, pues la experiencia comparada muestra que los jueces votados tienden a condenar más y a ofrecer mano dura pues, en materia penal, eso es los que se premia las urnas.
Keren, su familia y el Centro Prodh agradecemos a todas las personas y organizaciones que se sumaron para demandar la libertad de Keren, que empezamos a exigir desde 2021: El Centro para los Derechos Humanos Fray Julián Garcés, del Colectivo Mujer y Utopía, la Universidad Iberoamericana CDMX (mediante la perita Helena Varela), la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), Amnistía Internacional México, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Equis Justicia para las Mujeres, Change.org y las mujeres sobrevivientes de tortura de la Campaña “Rompiendo el Silencio”., centrales para visibilizar este patrón de abuso.
Asimismo, agradecemos la cobertura de los múltiples medios de comunicación —incluyendo este importante espacio— que por más de tres años dieron seguimiento a la lucha de Keren, así como a las más de 27 mil personas que firmaron la petición digital en la plataforma de Change para que su caso fuera revisado.
Seguiremos acompañando las valientes y dignas luchas de mujeres que demandan su libertad y que son testimonio de que la tortura, la impunidad y la desigualdad de género en el sistema de justicia persisten.
