Es difícil hablar de medidas novedosas ante la crisis de desapariciones, cuando muchas de las medidas anunciadas ya están en la ley y las personas encargadas de implementarlas son las mismas que las obstaculizaron en el pasado.
Después de que la crisis de desapariciones fue ignorada durante la pasada campaña electoral y durante los primeros meses de la administración en turno, el horror de Teuchitlán y la reacción de una sociedad que despertó de su letargo frente a la imparable violencia, obligaron al gobierno federal a posicionarse ante esta grave problemática que requiere acciones urgentes y extraordinarias.
Tras una reacción inicial que no estuvo a la altura, en su mensaje del 17 de marzo la presidenta afirmó que atender el problema “es una prioridad nacional”. Este mensaje es positivo, pues siempre es relevante que la cabeza del Estado no minimice el tema ni lo reduzca a una discusión de cifras, como ocurrió en el sexenio pasado.
Paralelamente, se prometió que para Teuchitlán habrá verdad y justicia, lo que ya parece improbable dado el cúmulo de negligencias iniciales de la Fiscalía de Jalisco y dada la pobre reacción de la Fiscalía General de la República (FGR). Lo corrobora el cruel y revictimizante espectáculo, inusitado incluso para los estándares mexicanos, que generó la desorganizada apertura del sitio a medios y colectivos por igual. La prioridad de la investigación parece orientada a establecer que en el sitio no se incineraban cuerpos para concluir que no era un “campo de exterminio”, más que en el esclarecimiento pleno. Su investigación es sobre un predio, no sobre una práctica generalizada en la región.
Adicionalmente, se anunciaron una serie de medidas para atender la crisis de desapariciones. Éstas han sido recibidas con escepticismo por la gran mayoría de los colectivos en los que se articulan las madres buscadoras y, en efecto, se quedan muy cortas frente a la magnitud de la crisis. De hecho, algunas de estas medidas ya están previstas en la Ley sobre Desapariciones de 2017 y si no han sido operativas no es por falta de marco legal sino por las resistencias de las propias instituciones, falta de presupuesto e indolencia.
Por ejemplo, se anunció que se creará una Base Única de Información Forense, pero desde 2017 en la Ley en Materia de Desaparición se prevé el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) en el artículo 119. Sin embargo, el Banco no es aún funcional porque las fiscalías –y en particular FGR— han sido omisas en cumplir sus obligaciones: aún hoy no se incorporan registros básicos como el Sistema Actualizado de Identificación de Huellas Dactilares. Frente a esta omisión, víctimas como Olimpia Montoya han tenido que interponer amparos, con acompañamiento del Centro Prodh, de modo que el Poder Judicial de la Federación ha tenido que reiterar que las autoridades, en específico FGR, deben crear y operar adecuadamente el Banco.
Por otro lado, se anunció que se retomará el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH). Es una buena noticia, pues el modelo de incorporar un enfoque más humanitario que penal para los casos de larga data y el análisis de las piezas óseas altamente degradadas ha dado resultados, como se puede corroborar en el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila (CRIH). Sin embargo, no puede soslayarse que el CNIH se creó por reforma legal en 2022 e incluso se inauguró en Morelos, y fue abandonado a partir de 2023, pues para complacer a las fiscalías se abdicó de crear este esquema paralelo y los esfuerzos se encaminaron a revisar las cifras. Igualmente, se anunció que mejorarán los protocolos de investigación. Pero desde 2022 se adoptó con amplia participación de los colectivos el Protocolo Homologado de Búsqueda, que ya prevé no esperar 72 horas para la búsqueda lo que, sin embargo, es letra muerta.
También se anunció que se homologará la investigación de las desapariciones a la del secuestro, lo que es un retroceso pues son crímenes diferentes. Y, por último, se anunció que ahora se publicarán periódicamente las cifras de carpetas de investigación iniciadas por denuncias de desaparición. Pero este anuncio pasa por alto que en vastas regiones del país no hay condiciones para denunciar. Precisamente por ello, desde 2017 se había creado en la Ley el Reporte de Desaparición y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en la idea de no obligar a los familiares a denunciar penalmente si esto les expone a riesgos. Cuestionar ahora la pertinencia de que tal reporte pueda levantarse es no entender el contexto.
Como se ve, el escepticismo de las familias ante lo anunciado tiene justificación. Máxime dado que estas medidas serán implementadas por un funcionariado que proviene del tramo final de la anterior administración, a quienes se premió con continuidad este sexenio pese a su lamentable desempeño. Es difícil hablar de medidas novedosas cuando las personas encargadas de implementarlas son las mismas que las obstaculizaron en el pasado. Además, nada se ha anunciado para prevenir el reclutamiento forzado. En ese sentido, es positivo relanzar la CURP, pero la crisis de desapariciones tiene más que ver con impunidad, rezago forense, reclutamiento forzado y gobernanza criminal que con un registro poblacional.
Para que el positivo anuncio de voluntad de la presidencia redunde en cambio real, las medidas a adoptar deben ser más profundas y requieren inversión, lo que por la desatención inicial al tema en este sexenio sucederá plenamente hasta el año que entra. Es fundamental, además, que las propuestas queden abiertas a la retroalimentación, en diálogo con lo que en el tema han propuesto actores internacionales –como por ejemplo el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (Comité CED), que hace unos años recomendó una muy completa Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones—. Pero, sobre todo, estas medidas deben quedar abiertas al diálogo con los propios colectivos de personas buscadoras, que con claridad y dignidad han salido a decir de nuevo “Sin las familias, no”.
Descalificar el reclamo de las familias o estimar que detrás hay una campaña opositora es una forma de eludir la responsabilidad. En este tema, las víctimas son los desaparecidos y sus familiares, no el gobierno. Por eso es esencial escucharles en su pluralidad y seguirles acompañando, como ocurrió en la jornada de Luto Nacional por Teuchitlán, donde se reportaron movilizaciones en 26 estados. Sin este contexto de exigencia firme, la crisis de desapariciones difícilmente será revertida y la verdad sobre Teuchitlán no será alcanzada. Es por ello esencial que como sociedad no perdamos la capacidad de condolernos.
