Las y los desaparecidos irrumpieron en un sexenio que pretendía relegarlos al olvido, a partir de los hallazgos realizados por los colectivos de madres buscadoras en el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Guerrero.
La difusión de imágenes que evocan las peores atrocidades contra la humanidad sacudió incluso a una sociedad como la mexicana, demasiado acostumbrada a normalizar la violencia.
En respuesta, la presidenta de la República anunció que la crisis empezaría a ser abordada, ahora sí, como “prioridad nacional”. Un anuncio positivo, si se considera que, desde esa misma posición de poder, hasta hace apenas unos meses, se minimizaba el grave incremento de las desapariciones, reduciendo su atención a un mórbido debate de cifras y de descalificaciones.
También se anunciaron una serie de medidas para fortalecer las instituciones a cargo del tema, incluyendo reformas legislativas. Estos anuncios han generado escepticismo entre los colectivos de madres buscadoras pues algunos de los cambios postulados son redundantes respecto de lo que mandata desde 2017 la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
El escepticismo de las buscadoras es justificado: a partir de su experiencia, saben que lo primordial no es adoptar nuevos marcos legales, sino asignar recursos, mantener la voluntad política, nombrar funcionarias capaces y empáticas, construir capacidades de Estado, permitir la cooperación internacional, garantizar la participación de las familias, dar seguimiento a las normas ya vigentes y respetar la dignidad de la gente. Y, sobre todo, entender que los tiempos de las víctimas no son los tiempos de los políticos. De ahí que, si se sucumbe a estos últimos para presentar avances en aras de ocultar la tragedia, el daño sólo incrementa.
Respecto de los hallazgos de Teuchitlán, las autoridades responsables de investigar los delitos han asegurado, como suele ocurrir en estos casos, que habrá esclarecimiento. Pero a la luz de sus reacciones iniciales, hay elementos puntuales para relacionar lo que estamos presenciando con la reforma judicial Obrador-Sheinbaum y sus secuelas.
Esto debido a que, por un lado, hoy se sabe que la fiscalía local del estado de Jalisco incurrió en innumerables irregularidades y negligencias. Tantas como para que sea difícil no presumir que estemos ante un caso de encubrimiento por colusión criminal: el lugar no fue inspeccionado con exhaustividad ni fue tampoco bien asegurado; líneas clave de investigación, como la toma de declaraciones a testigos o la identificación de los propietarios del inmueble, tampoco fueron agotadas.
Por otra parte, tampoco se ha visto una Fiscalía General de la República que responda a la altura del desafío. Es notorio que actúa sin debida diligencia, solvencia técnica, capacidad científica, sentido de empatía e independencia real frente a la línea discursiva marcada desde la presidencia de la República.
Lo que atestiguamos, más bien, es un mensaje público propio de una fiscalía que en los últimos años ha eludido más que nunca su obligación de indagar oficiosamente los delitos relacionados con la delincuencia organizada. Esto para dejar la investigación de asesinatos y desapariciones en el fuero local, bajo la consideración de que no hay federación, lo que en muchas ocasiones supone que las indagatorias queden en manos de autoridades coludidas con los perpetradores.
El destino que tendrán las investigaciones es incierto, sin que nada permita el optimismo. En el plano local, se habla de compensar la falta de confianza en la indagatoria con una comisión de la verdad, de la que no se han precisado sus contornos. A nivel federal, se impulsó un desafortunado recorrido público en el sitio que desembocó en un espectáculo de crueldad, donde privó la improvisación, el desorden y la revictimización.
Por eso, más allá del desenlace que se presente en el caso específico, lo que estamos viendo en tiempo real es -entre otros elementos- una contundente demostración sobre el enorme fraude cometido por quienes apoyaron la reforma judicial con el argumento de que serviría para reducir la impunidad.
El nudo de impunidad crónica que vive el país es, sobre todo, responsabilidad del desastre de fiscalías que tenemos. De la manera en que ministerios públicos investigan crímenes del siglo XXI con una organización y unas técnicas del siglo XIX. De la insuficiencia de los servicios periciales. De la forma en que la autonomía constitucional de las fiscalías sólo sirvió para que hoy tengamos fiscales que no rinden cuentas. De la ausencia de una inversión sostenida y de Estado frente a la falta de capacidades y recursos en las instituciones de procuración de justicia. Del deficiente diseño de la distribución de competencias federales y locales en materia de investigación penal.
Pese a que la reforma está consumada y plena implementación, es indispensable no dejar de hacer pedagogía pública sobre ello. En el muy relevante estudio ¿Qué pensamos sobre la justicia?, Catalina Pérez Correa y Carlos de la Rosa Xochitiotzi, a partir de una encuesta de opinión pública, encontraron que: 34% de las personas afirmó que “las juezas y jueces son los encargados de investigar delitos”, 44% dijo que es cierto que “las juezas y jueces son los encargados de recibir denuncias cuando se cometen delitos”, y 55% cree que “el Poder Judicial es el encargado de perseguir a los delincuentes”. Cada una de éstas son funciones que competen a las policías y fiscalías. Asimismo, 48% cree que “las policías forman parte del Poder Judicial”, a pesar de depender del poder ejecutivo y 65% que “las fiscalías o ministerios públicos forman parte del Poder Judicial” (p. 5 – 6).
Pueden ser electas por sufragio todas las personas juzgadoras del país, sin que el horror de Teuchitlán y la desastrosa respuesta de las fiscalías cambien un ápice. Las y los ministros de la Suprema Corte serán votados pero la fiscalía de Jalisco seguirá extraviando evidencia, la Fiscalía General seguirá sin capacidades para investigar y desarticular redes macro-criminales y el resto de las fiscalías continuarán en su inercia de mediocridad. Esa es la verdad. El triste panorama que vivimos ante el avance del horror y de la violencia debería clarificarlo y debería llevarnos primero a condolernos con las familias y después a generar un entorno de exigencia sobre el sistema de justicia que no se distraiga de lo esencial.
