Keren se encuentra en una prisión de Tlaxcala desde 2015, sentenciada a 50 años por un secuestro que no cometió, cuando tenía menos de 30 días de haber parido a su bebé. Keren no sólo fue imputada injustamente, también vivió tortura por parte de servidores públicos señalados en otros casos. Su caso se encuentra en apelación.
“Las mujeres sentenciadas tuvieron una mayor participación que los hombres sentenciados en delitos como secuestro, secuestro exprés, posesión ilegal de drogas, delincuencia organizada, privación de la libertad, comercio ilegal de drogas, extorsión y fraude”.
La anterior afirmación proviene del documento “Mujeres privadas de la libertad en México”, Cuaderno número 31 de la serie de “En números, documentos de análisis y estadísticas”, que publica periódicamente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El análisis destaca que, tomando como referencia la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021, el 23.9 % de mujeres fueron sentenciadas por secuestro, frente al 11.7% de hombres. Así, las cifras sugieren que más mujeres que hombres son condenadas en México por este delito.
Estos números deberían llamar más la atención del público. ¿Es realmente cierto que en México las mujeres secuestran más que los hombres?
En la experiencia del Centro Prodh, lo que está detrás de estas cifras es la profunda violencia estructural de género que, en nuestro país, se agrava por las disfuncionalidades de nuestro sistema de justicia. Desde luego, habrá casos en donde la participación de las acusadas en conductas ilícitas sea una realidad; pero en la gran mayoría de los casos en los que una mujer es sentenciada por secuestro, ocurren graves violaciones a debido proceso y se manipula la evidencia –incluso mediante graves violaciones a derechos humanos, como la tortura sexual– siendo las procesadas totalmente ajenas a las conductas que se les atribuyen.
En otros tantos casos, se trata de mujeres jóvenes que viven en contextos de alta coerción por parte de sus cónyuges o concubinos, frente a los cuales ellas no detentan plena libertad e independencia, cuando las circunstancias les vinculan a entornos propicios para la comisión de ilícitos. En prácticamente todos los casos, además, las mujeres acusadas difícilmente acceden a una defensa de calidad que eleve ante las autoridades juzgadoras argumentos basados en la perspectiva de género.
Tal es el caso de Keren Selsy Ordoñez, a quien evocamos este 8 de marzo. Keren se encuentra en una prisión de Tlaxcala desde 2015, acusada de un secuestro que no cometió, cuando tenía menos de 30 días de haber parido a su bebé. Keren no sólo fue imputada injustamente, también vivió tortura por parte de servidores públicos señalados también en otros casos y enfrentó la separación de su hija pequeña, que también fue presentada como “detenida” ante el ministerio público y cuyo paradero desconoció su familia tras varios días.
Keren fue sentenciada a 50 años de prisión sin haber tenido acceso a una defensa adecuada. En cambio, el padre de su hija recuperó su libertad pocos años después.
En su juicio prevalecieron los sesgos de género. Así lo acreditó en una opinión técnica la Doctora Helena Varela, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
El Centro Prodh logró que el caso se reabriera, tras acudir a la justicia federal por vía de un juicio de amparo. Pero en el fuero común de Tlaxcala volvió a recibir una sentencia condenatoria, de nuevo por 50 años, pese a que no había pruebas suficientes para dicha condena y hubo diversos sesgos de género en la decisión del juez.
Ahora, su caso se encuentra en la fase de apelación, donde será revisado por la Magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas.
La coincidencia de que Tlaxcala cuente hoy con una mujer gobernadora, una fiscal, una presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y una magistrada a cargo del caso, todavía no ha implicado que el caso de Keren sea juzgado con perspectiva de género. La existencia de un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) a nivel federal tampoco contribuyó; y tras la disolución de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) no es claro si esta instancia subsistirá, pese a que en su momento emitió un buen Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual cometida contra Mujeres Privadas de su Libertad en México.
En el marco de este 8 de marzo, es relevante hacer presente a las mujeres injustamente presas, porque en la justicia mexicana todavía no es tiempo de mujeres. Visibilizar sus casos e historias, no olvidar sus luchas, es una manera de recordar que aún tenemos muchos pendientes en el camino hacia la igualdad sustantiva. La investigación y el juzgamiento del delito de secuestro en México, se ha impregnado de muy lamentables sesgos de género en un contexto de discriminación estructural. El caso de Keren nos recuerda esta dolorosa realidad.
