El intento de contraponer la identificación mediante huellas dactilares a la identificación mediante perfiles genéticos, como si de una disyuntiva se tratara, se relaciona con el abandono en que ha quedado el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), una de las iniciativas de la anterior administración que levantaron expectativas y que hoy es un elefante blanco.
La crisis de desapariciones no ha sido revertida en México. En particular, el rezago forense en la identificación de cuerpos y restos sigue siendo un desafío mayúsculo aún no atendido. Requiere de todos los esfuerzos y de un abordaje interdisciplinario, por lo que es un error contraponer irresponsablemente diferentes técnicas de búsqueda, postulando falsas disyuntivas.
Lo anterior viene a cuento porque hace unos días, una publicación en redes de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) causó escándalo y escarnio en la comunidad científica dedicada a las ciencias forenses. En una infografía, la CNB contrapuso la identificación mediante levantamiento de huellas dactilares a la identificación mediante confrontación de perfiles genéticos empleando ADN. La primera, según esta institución, es más barata y ofrece 100 % de confiabilidad. La segunda, para este ente de Estado, es cara y no ofrece plena certeza.
Esta contraposición es falaz y va en sentido contrario de la solidez científica que el actual gobierno busca imprimir a la actividad pública. Como lo señalaron inmediatamente voces muy acreditadas, en ciencia ningún método de identificación ofrece 100 % de certeza. Además, si bien la identificación por vía de huellas dactilares es útil y relevante respecto de cuerpos encontrados recientemente, no puede postularse como única vía para atender el rezago forense, pues son numerosos los cuerpos relacionados con desapariciones de larga data, respecto de los cuales no será ya posible obtener huellas para confronta. Aunque sea escabroso señalarlo, no puede obviarse que en México los restos recuperados no siempre incluyen extremidades de las que puedan levantarse huellas: en muchas ocasiones, se trata de fragmentos corporales o de piezas óseas, que además en ocasiones están dañadas por la exposición a la intemperie o por factores externos como el fuego.
No puede soslayarse, tampoco, que en algunas entidades federativas la identificación por huellas dactilares sólo está ocurriendo en el escritorio y sobre papel, pues las fiscalías no han depurado sus bases de datos como para asegurar plenamente la trazabilidad de los respectivos cuerpos y restos; en estos casos, hay identificación, pero no restitución ni entrega de restos a las familias, ante la incapacidad de las autoridades de hallar esos cuerpos que legalmente se encuentran bajo su propio resguardo.
El avance en la identificación de cuerpos mediante huellas dactilares es sin duda positivo y hay que animar a que prosiga, pues está arrojando logros significativos. La participación en ello de la cooperación internacional, los propios esfuerzos de la CNB y la colaboración del INE son esfuerzos en la dirección correcta. Pero hay que ponderar esta línea de acción en su justa dimensión para no generar simulación. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se celebra como un avance para los familiares de personas desaparecidas la entrega de un escáner de huellas digitales a la Fiscalía General de Justicia Militar, aun cuando las instancias castrenses de justicia en ningún supuesto legal compatible con el régimen internacional de derechos humanos pueden indagar la desaparición de una persona y/o participar en el levantamiento de cuerpos o restos de civiles.
El intento de contraponer la identificación mediante huellas dactilares a la identificación mediante perfiles genéticos, como si de una disyuntiva se tratara, se relaciona con el abandono en que ha quedado el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), una de las iniciativas de la anterior administración que levantaron expectativas y que hoy es un elefante blanco. Este Centro, inaugurado en presencia de familiares de personas desaparecidas, representó en su momento la esperanza de que verdaderamente hubiera un impulso de una política de Estado para superar el rezago forense. Si bien la operación del Centro generaba una serie de desafíos legales no menores –lo que por cierto fue explotado con oportunismo por las fiscalías para preservar el estado actual de cosas– pudo ser una plataforma extraordinaria para la identificación genética de cuerpos y restos asociados casos de larga data o difíciles, integrado por peritos supeditados más a la ciencia y que al ministerio público, con enfoque preponderantemente humanitario y no penal. Sin embargo, el modelo fue abandonado a nivel federal. Pese a ello, esta forma de trabajar ha empezado a rendir frutos a nivel local, como lo supo distinguir recientemente un muy importante reportaje publicado en The New York Times sobre el esperanzador Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila (CRIH).
La crisis de desapariciones y el rezago forense en México son inmensos. Es un despropósito contraponer las diversas aproximaciones técnicas disponibles. No estamos en una condición en la que generar falsas disyuntivas abone: necesitamos de todo, frente a este flagelo que no cesa. Así lo hicieron patente, con la dignidad de siempre, las madres, hermanas, cónyuges e hijas de personas desaparecidas que la semana pasada participaron en el Congreso Mundial sobre la Desapariciones al que convocó el Comité de la ONU en la materia, celebrado en Ginebra. Y es que aunque las instancias de derechos humanos hoy se excusan en un soberanismo añejo, la crisis de México sigue bajo el seguimiento y la atención de la comunidad internacional.
Internamente, se pretende invisibilizar la continuidad de la crisis –o peor aún, se intenta atribuir la responsabilidad a la propias víctimas como se hacía en el pasado y como lo hacen, en el presente, de modo irresponsable, actores del partido en el poder como el gobernador de Sonora– pero en los foros internacionales el reclamo de las familias es y seguirá siendo incontenible.
En este marco, la identificación mediante ADN seguirá siendo tan necesaria como la identificación mediante huellas dactilares, del mismo modo que seguirá siendo necesaria la cabal puesta en marcha del Banco Nacional de Datos Forenses y la exploración de esquemas humanitarios de identificación que no sean controlados por las negligentes fiscalías.
