El juez que sentenció a Keren incumplió su deber de juzgar con perspectiva de género al utilizar pruebas ilícitas y estereotipos para condenar a una joven mujer inocente, a pesar de que la evidencia muestra que ella no participó en el delito, pues al momento de su detención acababa de ser mamá.

“Tenemos mucha esperanza de que la sentencia sea absolutoria, no hay nada en mi contra, yo no cometí ningún delito, pero también sé que el sistema es muy injusto; estoy en un estado en donde la mayoría de sentencias son condenatorias aunque no haya pruebas, pero tengo esperanza, tengo una hija que me espera…”.  

Esto dijo Keren Selsy Ordoñez a Animal Político, entrevistada desde la cárcel de Tlaxcala, unos días antes de que se dictara nueva sentencia en su caso. Lamentablemente, la esperanza de Keren fue defraudada de nuevo: en su contra se emitió una sentencia injusta que la condena a 50 años de prisión por un delito que no cometió.

Publicado originalmente el día 20 de noviembre del 2024, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».

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Después de nueve años de un proceso plagado de irregularidades y dilaciones injustificadas, el juez José Eduardo Morales Sánchez, titular del Juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, en Apizaco, Tlaxcala, optó por validar las pruebas ilícitas obtenidas mediante tortura y condenó a Keren como responsable de un secuestro probablemente cometido por su expareja y otro cinco hombres que hoy se encuentran en libertad sin ser investigados, confirmando que en México la justicia se ceba contra las mujeres y protege los hombres.

La sentencia contra Keren es una muestra de las falencias de la justicia mexicana. Evidencia a fiscales y policías estatales que torturan para fabricar pruebas con el propósito de subir sus estadísticas de acusaciones, y a jueces locales que aún hoy ignoran lo que es juzgar con perspectiva de género. En ese sentido, el caso acredita que es ahí en el ámbito local y no en la justicia federal donde están los principales problemas del Poder Judicial; de hecho, este injusto caso sólo pudo ser reabierto gracias a un juicio federal de amparo.

El juez que sentenció a Keren incumplió su deber de juzgar con perspectiva de género al utilizar pruebas ilícitas y estereotipos para condenar a una joven mujer inocente, a pesar de que la evidencia muestra que ella no participó en el delito, pues se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad al momento de su detención, dado que acababa de ser mamá: unos días antes se la había practicado una cesárea para el nacimiento de su pequeña hija; estaba en etapa de puerperio y lactancia. Peor aún: las autoridades tlaxcaltecas le arrebataron a su bebé de menos de 30 días de nacida, a quien durante más de nueve horas mantuvieron absurdamente en “calidad de detenida” y alejaron luego de su madre por varias semanas, siendo esta retención ilegal utilizada para coaccionar a Keren, obligándola a emitir una declaración autoincriminatoria.

Pese a este fallo aberrante, la esperanza de Keren resiste y subsiste. En los próximos días, la defensa de Keren, a cargo del Centro Prodh, apelará esta sentencia, esperando que en segunda instancia se revierta esta gravosa condena. El Poder Judicial de Tlaxcala, encabezado por la magistrada presidenta Anel Bañuelos Meneses, todavía puede mostrar que hay justicia para las mujeres y que la afortunada circunstancia de que el estado cuente con gobernadora, procuradora (fiscal) y magistrada presidenta puede realmente significar algo para las mujeres injustamente presas.

El caso de Keren no es aislado. En todo el país, hay casos de mujeres que deben ser revisados con urgencia, como el de Florencia Jovita Herrera y tantos otras. Esta premura se vuelve más acuciante si además de las violaciones a debido proceso, se consideran las condiciones penitenciarias que enfrentan las mujeres, en prisiones donde el Estado mexicano no garantiza condiciones mínimas de salud física y emocional. La crisis de suicidios de mujeres en Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 16 de Morelos, visibilizada y documentada por organizaciones defensoras de derechos humanos y por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), es una muestra de esta indolencia, como hace unos días se acreditó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este 25 de noviembre conmemoraremos de nuevo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Mientras se nos distrae de lo esencial con una costosa y peligrosa reforma judicial que bajo la vaporosa promesa de democratizar la judicatura deja de lado del verdadero y profundo problema de acceso a la justicia, estamos obligados a regresar a los básicos y seguir llamando la atención sobre estos casos que –como el de Keren, el de Jovita, el de las mujeres del CEFERESO 16 y tantas otras más– muestran los problemas reales de la justicia mexicana.

La libertad de Keren no ha sido perdida de modo irremediable: ha sido pospuesta por un penoso fallo, limitado en su entendimiento del derecho y de la perspectiva de género. La pequeña hija de Keren seguirá esperando a reunirse con su mamá y no podrá estar con ella esta Navidad, pero ella y toda su familia siguen abrazando la esperanza de que finalmente triunfe la justicia. En ese empeño, ni ella ni Jovita ni las mujeres del CEFERESO 16 están solas.