La reelección de la actual presidenta de la CNDH no es deseable. No sólo porque los estándares internacionales recomiendan la no reelección de las personas titulares en las instituciones ombudsperson, sino sobre todo porque un balance mínimamente serio de la gestión 2019-2024 lo confirma.
En breve, el Senado tomará una decisión relevante para los derechos humanos. Antes del 8 de noviembre, a partir de la terna que propongan las comisiones de justicia y derechos humanos, el Pleno elegirá a quien estará al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2024-2029.
Publicado originalmente el día 29 de octubre del 2024, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
La reelección no es deseable. Esta consideración tiene que ver con la naturaleza misma de la institución ombudsperson y encuentra eco en los estándares internacionales sobre estas instituciones: los “Principios de París”, aprobados en el ámbito de la ONU en 1993, y los “Principios de Venecia”, desarrollados para el ámbito europeo en 2019. En estos últimos, el Principio 10 señala “La duración del mandato se limitará preferentemente a uno solo, sin posibilidad de reelección”.
Y es que cuando la persona titular de un órgano encargado de fungir como contrapeso puede reelegirse, se genera un fuerte incentivo perverso para inhibir el ejercicio cabal de su autonomía. Así lo hemos vivido en México y después de la filtración masiva de documentos militares en los #GuacamayaLeaks tenemos prueba de que en efecto así es: los documentos indican, por ejemplo, que un ex-ombudsman de lamentable desempeño negoció recomendaciones para buscar su reelección. Un episodio que ahora hay que recordar para advertir el riesgo de la reelección, pero también porque este personaje ha sido propuesto para integrar el Comité que evaluará los perfiles que desde el Poder Judicial se propongan para la riesgosa elección de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al margen de esta consideración más estructural, un balance mínimamente serio de la gestión 2019-2024 de la CNDH confirma que la reelección no es deseable. Desde el Centro Prodh elaboramos un balance que así lo demuestra, analizando cinco ámbitos sustantivos de actuación de la Comisión: la investigación de las quejas, la emisión de recomendaciones, la presentación de acciones de inconstitucionalidad, la comunicación social y la gobernanza interna del organismo. En estas cinco dimensiones encontramos deficiencias y omisiones.
Nuestro balance no supone una añoranza del pasado, pues durante gestiones previas la CNDH también dejó mucho que desear –y así lo señalamos en su momento las organizaciones–; ni mucho menos supone una descalificación de la actual persona titular, cuya trayectoria familiar, esencial para el surgimiento del movimiento de derechos humanos en México, reconocemos y respetamos.
El informe es más bien un análisis objetivo. Por ejemplo, documenta que en la gestión de la CNDH se emitieron más recomendaciones que en las anteriores, pero con serias deficiencias cualitativas. También, encuentra que la CNDH cerró quejas sin hacer una investigación exhaustiva en asuntos graves.
Asimismo, observa que la actual CNDH fue excesivamente deferente con la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); pese a acumular 1,816 quejas entre 2020 y 2023, la actual CNDH sólo ha dirigido 13 recomendaciones a la Guardia Nacional, mientras que respecto de la SEDENA, que fue señalada en 1,664 quejas, emitió únicamente 26 recomendaciones.
Igualmente, el informe detecta que CNDH emitió más de 40 pronunciamientos pendencieros o partidistas; representativo de ello fue aquel infame comunicado en que la CNDH afirmó: “tampoco permitiremos que se nos use como ariete para desacreditar o frenar la transformación, de la que somos parte”; o aquel otro en que enunció “es este momento de definiciones claras, que no admiten matices: o se está con el pueblo, o se está en contra de él”. Además, el informe encuentra que en la actual gestión se acentuó la conducción unipersonal del organismo, pues todo el Consejo Consultivo renunció, denunciando irregularidades. En suma, la que acaba fue una gestión deficiente y omisa; el reciente silencio frente al intento de modificar el artículo 1 Constitucional así lo terminó de corroborar.
Por todas estas razones, la reelección para otro periodo no es recomendable. Siendo así, el Senado está ante la oportunidad de seleccionar a una persona que cuente con un perfil que satisfaga plenamente las exigencias de independencia política, valor cívico, solvencia técnica y experiencia en derechos humanos que se requieren para relanzar la CNDH. Entre las 48 personas inscritas al proceso hay sin duda quienes podrían satisfacer estas altas exigencias.
Don Miguel Concha Malo, emblemático defensor lamentablemente fallecido el año pasado, escribió en 2019 ya preocupado por el rumbo de la Comisión: “La CNDH es un órgano constitucional autónomo del Estado mexicano, y en ello radica la razón de su existencia. Bajo ninguna circunstancia ésta debe ponerse en riesgo, pues funciona como un contrapeso a todas las instituciones de gobierno. […] el modo de proceder de la CNDH en su historia ha sido constantemente cuestionado. Lo cierto es que desde la labor de las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos que les acompañan, la exigencia es firme y la expectativa principal es siempre la misma, independientemente de la persona titular o de las fuerzas políticas partidistas: la centralidad de los derechos humanos, el acompañamiento a las víctimas y el trabajo comprometido, libre de conflictos de interés, para hacer frente a la crisis de derechos humanos que padecemos en el país. […]”.
Como advertía el fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, cuyas cuatro décadas de existencia aquí celebramos, cuando las instituciones ombudsperson se partidizan y se asumen parte de proyectos político-electorales desfiguran sus rasgos esenciales y abandonan su función social. A todos y todas nos conviene contar con una institución garante de derechos humanos que actúe con independencia y que contribuya a fortalecer el clima de pluralidad propio de la democracia. Ojalá que así lo entienda el Senado.