Tlaxcala, 24 de octubre de 2024.- Esta mañana, junto a organizaciones de la sociedad civil, personas solidarias y medios de comunicación acudimos a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tlaxcala donde se realizamos la entrega, a la magistrada presidenta, Anel Bañuelos Meneses, de más de 15 mil firmas recolectadas en la plataforma Change.org, de personas solidarias que se han unido para exigir: libertad y justicia para Keren Selsy Ordóñez Hernández.

El 11 de diciembre de 2015, Keren, de 19 años, acudió a una casa ubicada en Xalapa, Veracruz, donde estaba trabajando su entonces pareja y padre de su recién nacida hija, quien la citó en dicho domicilio para darle dinero para comprar pañales. Keren tenía a su bebé en brazos cuando fue detenida por agentes armados que sin mostrarle una orden de aprehensión ni explicarle el motivo de la detención, le apuntaron con armas y la subieron de forma violenta a una patrulla, quitándole a su bebé desde ese momento. Los policías federales y ministeriales de Tlaxcala que la detuvieron, la golpearon en la cabeza y en el estómago, a pesar de que Keren les dijo que tenía una cicatriz en el vientre por la cesárea que apenas 30 días le habían realizado al dar a luz a su bebé. Fue amenazada con hacerle daño a su bebé si no firmaba una declaración autoinculpatoria en la participación de un secuestro.

En pocos días se cumplen nueve años de su injusta detención que la ha mantenido lejos de su familia y de su hija.

El pasado 27 de septiembre, se celebró la audiencia de derecho en el proceso contra Keren, sin que hasta ahora se haya dictado sentencia en el caso. En esta audiencia, estuvo presente Keren quien solicitó tener en consideración toda la evidencia para acreditar las graves violaciones a los derechos humanos mediante las cuales se fabricaron las pocas pruebas usadas en su contra; estuvo en el público su familia, la cual viaja desde Xalapa para acompañarla y no perder oportunidad de exigir al Juez que revise el caso con detenimiento.

Asimismo, estuvo presente la agente del ministerio público perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del estado de Tlaxcala, quien solicitó condenar a Keren con la pena máxima para el delito de secuestro, es decir, con pena de prisión de 50 a 90 años, destacando que durante el desarrollo del proceso, la fiscalía solicitó asignar a Keren el “grado máximo de temibilidad” a pesar de no contar con ningún tipo de antecedente penal, de tratarse de una mujer joven, madre, sin estudios, a pesar de no existir pruebas que la vinculen directa o indirectamente con la participación del secuestro.

Finalmente, estuvo el asesor público en representación de la víctima, quién, a pesar de estar debidamente citada, no compareció a la audiencia. Esto en concordancia con todo el proceso, pues durante estos 9 años jamás ha comparecido al Juzgado a ratificar su denuncia, jamás ha señalado a Keren, jamás ha participado en diligencia alguna contra ella.

Toda la evidencia del expediente señala la participación de al menos siete personas del género masculino. En el expediente existen grabaciones de sus voces, periciales en materia de análisis y reconocimiento de voz, fe ministerial de teléfonos celulares, sin embargo, a quien pretenden atribuir la comisión de este grave delito es a Keren.

“Su libertad ha sido arrebatada por un sistema de justicia que no ha querido escuchar los reclamos de justicia que durante todo este tiempo Keren y su familia han mantenido firmes”, expresó Melissa Zamora, abogada del Centro Prodh que acompaña el caso, en un pronunciamiento afuera del Tribunal.

Las organizaciones acompañantes continuaron con el llamado al Poder Judicial del Estado para que juzgue con perspectiva de género, tome en cuenta todas las pruebas aportadas por la defensa y excluya aquéllas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado que fueron obtenidas mediante violaciones a derechos humanos, como tortura.

También pidieron a la sociedad a unirse a la campaña de Change.org #LibertadParaKeren para mostrar a las autoridades el respaldo y sumarse a la exigencia por su libertad.

Hacemos votos para que la afortunada coincidencia de una gobernadora, una presidenta del tribunal superior de justicia y una fiscal de justicia del estado, redunde en que el caso sea abordado con profunda mirada de género.