El debilitamiento de la CNDH se inserta en un contexto más amplio de disminución del espacio cívico y deterioro de la institucionalidad democrática en el país durante el sexenio que culminó, generando un ambiente adverso para los derechos humanos y su defensa. Esto es evidente, por ejemplo, en los múltiples mensajes públicos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador deslegitimando la labor de organizaciones de sociedad civil o en las iniciativas legislativas para la eliminación de órganos autónomos que tienen por mandato tareas vinculadas a la garantía de derechos humanos, como el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI), cuestiones ante las cuales la actual CNDH guardó silencio.
En este panorama, desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ofrecemos un balance de la gestión de la actual presidencia de la CNDH, antes de concluir su mandato el próximo mes de noviembre y en el contexto de la elección y nombramiento de quien encabezará al organismo durante los siguientes cinco años, considerando además que la actual titular tiene la posibilidad de reelegirse por un periodo más. Este balance retoma los ejercicios anuales que hemos elaborado desde el Centro Prodh desde el año 2020 en los que analizamos cuatro aspectos fundamentales propios de su actividad como institución nacional de derechos humanos: la emisión de recomendaciones en casos de violaciones de los derechos humanos; el ejercicio de su facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad frente a leyes e iniciativas que vulneran los derechos humanos; la comunicación social como mecanismo de difusión de una cultura de derechos; y su gobernanza interna para la adecuada gestión y toma de decisiones. A continuación, nuestro análisis sobre estos aspectos.
