Si en el inminente período de sesiones efectivamente se retoman de inmediato y sin mayor deliberación pública los más preocupantes aspectos del llamado “Plan C”, el mensaje no será de continuidad con cambio, sino de profundización de la erosión de la institucionalidad democrática.

Luego de unas campañas donde la violencia que afecta al país se hizo presente, con varias decenas de personas candidatas asesinadas, la jornada electoral afortunadamente transcurrió sin sobresaltos, arrojando un triunfo avasallador del partido en el poder.

Publicado originalmente el día 4 de junio del 2024, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».

En breve, Claudia Sheinbaum Pardo será declarada presidenta electa y asumirá el poder el próximo 1 de octubre. Será la primera presidenta de México, lo que en sí mismo es un acontecimiento que hay que celebrar, y que es fruto también de la lucha colectiva impulsada durante décadas por valientes mujeres que exigieron participar en política en condiciones de igualdad.

El triunfo del partido Morena en la elección del 2 de junio ha venido aparejado de victorias de la misma formación política en la mayoría de los estados en disputa, y también de victorias en ambas cámaras legislativas federales. En éstas, Morena detentará una robusta mayoría, si bien en el Senado aún está por verse si la oposición está en condiciones de reconstruir el bloque de contención a los posibles intentos de reforma constitucional, lo que no dependerá sólo de la aritmética electoral sino también de la consistencia en las posiciones individuales que las y los senadores y los grupos parlamentarios sostengan a partir de septiembre.

La renovación de los poderes públicos, por sí misma, siempre posibilita renovar ciclos políticos. Para los derechos humanos esta renovación en sí misma puede ser buena noticia, pues aunque en el sexenio que fenece se avanzó en derechos sociales, los pendientes en derechos civiles y políticos son incontables, y su atención con sentido de urgencia es ineludible.

De querer acometer con seriedad los retos en este ámbito, el nuevo gobierno sin duda podrá encontrar numerosos diagnósticos y propuestas. Para el Centro Prodh, un decálogo de las cuestiones a priorizar en derechos humanos debería incluir al menos: 1) Medidas para hacer frente a la persistencia violencia, comenzando con una estrategia nacional para reducir los homicidios; 2) contener la continuidad de las desapariciones y atender la necesidad de crear mecanismos extraordinarios de identificación forense; 3. construir controles civiles efectivos para que el poder militar rinda cuentas; 4) revertir la impunidad reformando para ello sobre todo a las fiscalías; 5) detener el debilitamiento de los órganos constitucionales autónomos garantes de derechos como el INAI y la CNDH; 6) impulsar la protección a personas defensoras y periodistas, respetando el espacio cívico y ddejando de lado la denostación contra organizaciones; 7) reconstruir la política migratoria con perspectiva de derechos; 8) rescatar al abandonado Sistema Nacional de Atención a Víctimas; 9) hacer frente a la sistemática violencia contra las mujeres; y, 10) proteger los territorios indígenas y de la naturaleza.

Ahora bien, para saber si habrá margen para una mínima atención de estos temas en clave democrática, será determinante conocer cuál será la agenda legislativa que en los hechos se impulsará en el Congreso de la Unión a partir del 1 de septiembre.

Porque si en el inminente período de sesiones efectivamente se retoman de inmediato y sin mayor deliberación pública los más preocupantes aspectos del llamado “Plan C” —elección por voto de la judicatura, prisión preventiva oficiosa, militarización con expansión del fuero castrense, eliminación de la representación proporcional, desaparición del INAI y reforma del INE— el mensaje no será de continuidad con cambio, sino de profundización de la erosión de la institucionalidad democrática, pues a eso apuntan estas propuestas de reforma constitucional en su actual redacción. De darse este supuesto, las organizaciones de derechos humanos habremos de denunciarlo con firmeza, como lo hemos hecho siempre, sin que el carácter hoy claramente contra mayoritario de tal posición baste por sí misma para que sea desestimada.

Como organización de la sociedad civil dedicada desde hace 35 años a la defensa y promoción de los derechos humanos, hacemos votos para que el ciclo político que ahora inicia sea benéfico para nuestro país y deseamos el mayor de los éxitos a la próxima presidenta de México.