Tras una larga y cansada campaña en la que los temas cruciales de la agenda de derechos humanos no están presentes, contribuir a que se preserve la pluralidad política puede ser un buen norte en esta difícil y polarizada coyuntura.
Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina y, de cara a la conclusión de las campañas, se impone decir que los temas cruciales de la agenda de derechos humanos languidecen en la orfandad.
Publicado originalmente el día 22 de mayo del 2024, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Del lado del partido en el gobierno, la adhesión de la candidata al programa marcado en el llamado “Plan C“, lo cual se confirmó en el último debate, es preocupante. El allanamiento a ese programa, cuya centralidad en la eventual plataforma de gobierno todavía negaban algunos de los voceros y voceras de la campaña, ahora despierta una preocupación justificada sobre la posible erosión de la democracia que generaría su aplicación, pues no hay manera de hacer compatible con los más altos estándares del Estado de Derecho, la desaparición de la representación proporcional; la ampliación de la prisión preventiva oficiosa; la elección por sufragio de jueces, magistrados y ministros con ataques contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sin decir nada del fracaso de las fiscalías; la eliminación de órganos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y la entrega de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional acompañada de la ampliación indebida del fuero militar, agravada por la negación de la existencia misma de la creciente militarización.
En el tema específico de las desapariciones, que debería tener un tratamiento prioritario, la propuesta del oficialismo sobre extender el modelo de la Ciudad de México a todo el país es sin duda insuficiente, pues no sólo hay innumerables aspectos que mejorar sobre lo que se ha hecho en la capital, sino que además la gran mayoría de las entidades con serias crisis de desapariciones presentan condiciones institucionales y sociales muy diferentes a las del centro. En estas condiciones, lo rescatable en derechos humanos de la plataforma de la candidata puntera se vincula sobre todo con la promoción de los derechos sociales, combate a la pobreza, derechos laborales y no discriminación.
Del lado de la candidata de la oposición, la aproximación a los derechos humanos también dista de ser el ideal. Una campaña que inició prometiendo la construcción de mega cárceles derivó, en el tercer debate, en la preocupante introducción de descalificaciones incompatibles con el respeto pleno a la laicidad y la libertad de culto, así como en la incorporación de señalamientos superficiales y ligeros respecto de la presunta connivencia con la criminalidad organizada de la otra plataforma, cuestiones ambas de una irresponsabilidad alarmante que abonan a la polarización tóxica.
A eso se añade, sin duda, la dificultad de que las propuestas de la candidata de la oposición sean creíbles, en cuestiones tan torales como la crisis de inseguridad y violencia, dado que los actores políticos y los partidos que la acompañan son en buena medida responsables de la crisis que hoy vivimos; así por ejemplo, el énfasis en la desmilitarización es positivo, pero difícilmente creíble atendiendo a quienes integran la coalición que abandera. En lo específico, por cuanto hace a la crisis de desapariciones, la cercanía de la candidata con algunas madres buscadoras en lo individual no ha ido acompañada de propuestas serias y de hondo calado para hacer frente a los rezagos de justicia, identificación forense y atención victimal que perpetúan esta dolorosa crisis, rayando así en la instrumentalización de esta causa.
Y finalmente, en cuanto al candidato que se presenta como tercera alternativa, después de un arranque equívoco de campaña en el que enalteció el modelo Bukele, cabe reconocer su desempeño discursivo en temas de derechos durante el último debate presidencial. Empero, la frivolidad y la falta de empatía con las víctimas con que se conducen los gobiernos estatales de su partido, hacen dudar justificadamente que la suya sea, como se dice, una opción de verdadera renovación de la política. A ello se añade que la relativa marginalidad de su tercer lugar en la mayoría de las encuestas, le lleva a impulsar propuestas conceptualmente correctas, pero inocuas en cuanto a su posible aplicación. En todo caso, por cuanto hace a la atención a la crisis de derechos humanos y en especial a las desapariciones, es plausible que el candidato haya aludido a la necesidad de desmilitarizar el país y a la importancia de crear centros regionales de identificación humana a nivel nacional y en las entidades, que se especialicen en la atención del rezago forense.
Así las cosas, los derechos humanos llegan a la elección del 2 de junio en una triste orfandad. Tras una larga y cansada campaña, que se extendió más allá de los tiempos legales, habrá que discernir con profundidad cómo ejercer el voto, a lo que estamos llamados y llamadas en tanto derecho y deber ciudadano. Contribuir a que se preserve la pluralidad política puede ser un buen norte en esta difícil y polarizada coyuntura.
Las organizaciones de la sociedad civil, que desde hace décadas nos dedicamos con seriedad a la defensa de derechos humanos, enfrentamos el reto de hacer oír nuestra voz pública, evitando a toda costa una partidización impropia de nuestro quehacer. En tiempos donde desde los extremos que estructuran la conversación pública se exige —paradójicamente de forma muy similar— optar por una de las candidaturas aduciendo que es “momento de definiciones”, nos corresponde seguir mostrando que nuestra definición es por nuestra agenda de trabajo y no así por una candidatura o un partido; por defender la pluralidad del país, advirtiendo los riesgos de quienes llaman a regresar a los tiempos del “carro completo”, y por mostrar que sigue siendo posible el diálogo democrático fundado en el respeto, antes que en el insulto, el improperio y la simplificación grosera.
Más que nunca, hay que reivindicar que las expresiones de sociedad civil no partidizadas son todavía posibles. Importa razonar en público y en voz alta nuestras posturas. Toca señalar que se miente cuando se afirma desde la conferencia presidencial mañanera que toda la sociedad civil es parte del “bloque conservador”; que se falta a la verdad cuando se sugiere desde la oposición que “toda la sociedad civil” apoya de conjunto a su candidata, y que también se falsea la realidad cuando se afirma que solamente un partido o movimiento ha luchado por democratizar el país.
Las organizaciones civiles mexicanas de defensa de los derechos humanos, cuyo aporte a la democratización es indudable, no pueden reducirse a las dos opciones que hoy se disputan el poder. Porque el 3 de junio, pasada la coyuntura electoral, este país nuestro, adolorido por la violencia y la deshumanización, seguirá enfrentando sus problemas seculares de falta de Estado de Derecho y requiriendo de nuestros mejores esfuerzos para revertir sus múltiples crisis. Nos lo recuerdan las víctimas se siguen movilizando por la verdad, justicia, memoria, asistencia victimal y no repetición. Vale la pena por ello seguir reivindicando la pertinencia de un espacio cívico no polarizado y no partidizado.