La investigación de la SCJN en contra del exministro Arturo Zaldívar y su respuesta de iniciar un juicio político a la actual ministra presidenta de la SCJN ha abierto un escenario grave que no tiene antecedentes análogos y que trasciende a la coyuntura electoral inmediata.
La crisis de la judicatura que han desatado los eventos de las últimas semanas ha adquirido una gravedad tal como para estimar que trascenderá a la elección del próximo 2 de junio, de suerte que puede afirmarse que no estamos ante una cuestión que se agote en la presente coyuntura electoral.
Publicado originalmente el día 23 de abril del 2024, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Una denuncia anónima presentada en contra de quien fuera ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado una fuerte sacudida. Desde luego, en este como en otros casos, la presunción de inocencia debe prevalecer; al mismo tiempo, la discusión de lo que ahí se describe no puede ignorarse en la conversación pública pues el relato de la denuncia es precedido por diversas versiones periodísticas en el mismo sentido —entre éstas destaca el libro de Hernán Gómez Bruera, con quien desde aquí nos solidarizamos, pues enfrenta ahora una acción legal amedrentadora precisamente por traer a la luz esta y otras tramas judiciales—. El hecho de que, además, el expresidente de la Corte haya renunciado apenas hace unos meses al máximo tribunal para sumarse inmediatamente después a una campaña presidencial también impide desestimar, sin más, la denuncia.
Adicionalmente, como han destacado diversas voces, la denuncia en cuestión importa porque podría indicar que por primera vez un grupo importante de jueces, juezas, magistrados y magistradas estarían dispuestos a dar a conocer mecanismos internos de coacción y presión, sin atarse al espíritu de cuerpo —o a la falta de convicción cívica— que siempre ha conducido a que, en instituciones como esta, los señalamientos sobre tales patrones se expresen sólo en voz baja y no lleguen nunca a formalizarse.
Dada la gravedad de lo denunciado, desde luego se debía abrir la investigación correspondiente y, siendo indudable el interés público del asunto, es ingenuo pensar que un procedimiento de esta naturaleza podía permanecer en la confidencialidad por mucho tiempo en un país como el nuestro.
Sin embargo, que la existencia de esta denuncia se haya dado a conocer a partir de la filtración de la misma y del acuerdo admisorio en medio del periodo electoral que vivimos, sin duda lesiona el proceso, pues esta circunstancia previsiblemente será usada para asignar a la investigación un carácter político.
Por lo pronto, en respuesta a esta filtración ya se ha amagado con iniciar juicio político a la actual ministra presidenta de la SCJN, una situación carente de precedentes y en extremo preocupante al ser respaldado por la fuerza política que podría detentar la mayoría calificada en el Congreso.
La conjunción de estas circunstancias inéditas da cuenta de que se ha abierto un escenario grave, que no tiene antecedentes análogos y que trasciende a la coyuntura electoral inmediata. Bien puede decirse que el conflicto iniciado, teniendo en el horizonte una posible reforma judicial —que será regresiva si se basa en la propuesta hecha pública el 5 de febrero de 2024 por el actual Titular del Ejecutivo—, genera una crisis judicial sumamente preocupante y de pronóstico reservado.
Por ello, es esencial que las investigaciones abiertas —tanto por la denuncia, como por la filtración— sean sustanciadas a la brevedad, con la máxima solidez y transparencia. También importa, en este marco, que los actores involucrados detengan la escalada de descalificaciones, acciones legales y denuestos, tan estridentes como personalizados, que podrían contribuir a acelerar la aprobación de una reforma judicial incluso más lesiva que la anunciada, queriéndolo o no.
Al mismo tiempo, es esencial reiterar que los numerosos aspectos necesitados de cambio profundo en la judicatura, que afloran en el marco de esta denuncia —y que, hay que insistir, se presentan de peor forma en la mayoría de los poderes judiciales locales—, confirman sin duda la necesidad de impulsar mayor rendición de cuentas y transparencia dentro de la judicatura. Discutir la reforma judicial parece ser ya ineludible, pese a que el factor principal de impunidad en México son las disfuncionales fiscalías que tenemos.
Pero justamente por eso es más que nunca necesario seguir señalando que la idea de elegir mediante votación ciudadana, directa o indirecta, a jueces, magistrados y ministros dista de ser una solución que por sí misma abone a mejorar la justicia o a revertir deficiencias como las que se están ventilando. Soslayar esta realidad, o no insistir en ella, fácilmente puede llevar a que la crisis que se ha desatado se capitalice para impulsar la propuesta de reforma que presentó esta administración, que sin duda pretende incrementar el control político sobre la maltrecha judicatura, más que fortalecer su papel como instancia garante de derechos.