Tras la evaluación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se constató que en México persiste una crisis de derechos humanos y la enorme dimensión de los retos del gobierno para enfrentarla. Hacia adelante, el Estado mexicano deberá manifestar cuáles de las más de 300 recomendaciones aceptará y se compromete a cumplir, lo que ocurrirá en una siguiente sesión ante el Consejo, que se llevará a cabo en los próximos meses.
El pasado 24 de enero México fue evaluado por cuarta ocasión ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (CDH) mediante el Examen Periódico Universal (EPU). Se trata de un mecanismo entre pares —Estados examinando a otros Estados—, en el que se evalúa la situación de derechos humanos y el nivel de cumplimiento de las obligaciones y compromisos internacionales de cada país miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para después emitir recomendaciones.
Publicado originalmente el día 1 de febrero del 2024, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Desde el 2009, México es examinado por el EPU cada cuatro años, siendo un ejercicio que las organizaciones de sociedad civil hemos seguido muy de cerca y en el que participamos activamente. Un momento crucial de la evaluación es la sesión que se lleva a cabo en la sede del CDH en Ginebra, Suiza, en la que el Estado comparece y sostiene un diálogo interactivo con las delegaciones de los distintos países, las cuales emiten sus observaciones y recomendaciones para atender la situación de derechos humanos.
De la más reciente examinación a México, que abarca el periodo 2018-2023, es importante resaltar algunos aspectos. Por un lado, fue notorio que, a diferencia de las evaluaciones anteriores, en esta ocasión en la delegación mexicana no se incluyó a representantes del Poder Judicial ni de entidades tan relevantes como la Fiscalía General de la República (FGR), cuya presencia resultaba fundamental para brindar en la comparecencia una perspectiva de Estado, teniendo en cuenta su responsabilidad en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas para revertir la crisis de derechos humanos en el país. Ante el contexto de abierta confrontación entre el Ejecutivo y el Judicial, que sólo hayan acudido la Cancillería y el Senado es sin duda un aspecto a notar.
Por otra parte, en lo sustantivo, entre las cuestiones sobre las que los países mostraron mayor preocupación destacó, entre otros, la práctica de la tortura, la cuestión de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, la situación de derechos de la niñez, la crisis de desapariciones y desapariciones forzadas, la violencia contra las mujeres, el riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y la situación de las personas en contextos de movilidad humana. Sobre los últimos cuatro temas es de destacar que el Estado mexicano aceptó expresamente que enfrenta desafíos.
Estos mismos tópicos han sido recurrentes en las recomendaciones dirigidas a México en los exámenes previos, lo que muestra que la respuesta del Estado ha sido insuficiente hasta ahora, pese a la promulgación de leyes, la creación de instituciones y la adopción de políticas públicas, todo esto ante el marco de la impunidad, la falta de asignación de recursos suficientes, la falta de implementación adecuada de los marcos normativos, entre otras causas estructurales.
En cuanto a la crisis de desapariciones, la comunidad internacional mencionó reiteradamente que las acciones emprendidas por el Estado para enfrentar la crisis siguen sin dar los resultados esperados y se reconoció por vez primera que el país enfrenta una crisis forense. En este sentido, algunos países recomendaron a México tomar medidas para implementar adecuadamente herramientas como el Banco Nacional de Datos Forenses y garantizar que se lleven a cabo búsquedas e investigaciones diligentes. Merecen especial mención las preocupaciones manifestadas por algunas delegaciones sobre la metodología utilizada por el gobierno para actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, sobre lo cual el Estado mexicano penosamente retomó a las cifras que arrojó la muy cuestionable revisión que se hizo, afirmando que no se han eliminado registros, emulando el tono utilizado desde la tribuna presidencial. Pero la propia realidad desmintió pronto esta postura: el mismo día, en este espacio y otros, se dio a conocer que víctimas desaparecidas habían sido eliminado de registros, incluso en casos de alto perfil público en los que una simple búsqueda en fuentes abiertas habría confirmado la persistencia de la desaparición, causando un agravio más a sus seres queridos -con quienes desde luego nos solidarizamos-.
Otra cuestión que captó las preocupaciones en el CDH es la creciente militarización: por primera ocasión nuestro país recibió recomendaciones específicas dirigidas al retiro de las Fuerzas Armadas (FFAA) de tareas de seguridad ciudadana y sobre el control migratorio. Sobre este tema la delegación mexicana solamente refirió, en su intervención inicial, que se había creado la Guardia Nacional y que esta mantenía su naturaleza civil; no obstante, en una muestra de cómo la comunidad internacional está al tanto de que en los hechos se ha afianzado la identidad castrense de esta institución, el Reino Unido le recomendó a México desmilitarizar esta institución. En la misma tónica, algunos países instaron a establecer controles civiles y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los agentes castrenses e investigar debidamente las denuncias de abusos como el uso excesivo de la fuerza.
Sumado a ello, otras recomendaciones se dirigieron a que se investiguen los casos de espionaje en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas a través de herramientas tecnológicas como Pegasus, cuyo uso es atribuido al Ejército mexicano como han constatado instancias expertas en la materia. En este tema, como en otros, quedó de relieve el enorme fracaso que en esta administración ha sido la FGR en este sexenio. Un recordatorio de que es esa cuestión, y no el método de elección de las y los ministros de la Suprema Corte, que de hecho genera preocupación a nivel internacional en tanto atentado a la independencia judicial, la que hay que enfrentar si se quiere revertir la impunidad crónica que vive el país.
Por otro lado, el Estado presentó como principales avances temas relacionados con los derechos sociales, como la multiplicación de los programas dirigidos a los sectores más vulnerables, las reformas en el mundo del trabajo y el aumento de salario mínimo. Aspectos estos que sin duda son cuestiones de derechos humanos, y en los que -si las mediciones independientes así lo van confirmando- pueden encontrarse los avances más relevantes de la actual administración.
Finalmente, cabe destacar también la fuerte contradicción que denota la comparecencia colaborativa ante el Consejo de Derechos Humanos de los solventes servidores públicos de la Cancillería, con la retórica agresiva contra los organismos de derechos humanos de la propia ONU que se escucha cada mañana desde la tribuna presidencial. Una retórica que no contribuye al cumplimiento de las obligaciones internacionales de México, y que hay que seguir señalando en aras de que no se normalice y de que no sea reproducida por quien gobierne el país a partir de octubre de este año.
En suma, tras esta evaluación se constató que en México persiste una crisis de derechos humanos y la enorme dimensión de los retos del gobierno para enfrentarla. Hacia adelante, el Estado mexicano deberá manifestar cuáles de las más de 300 recomendaciones aceptará y se compromete a cumplir, lo que ocurrirá en una siguiente sesión ante el Consejo, que se llevará a cabo en los próximos meses. El Estado tiene la oportunidad y la obligación de tomar acciones concretas en lo que queda de este sexenio y las próximas administraciones para tomar acciones concretas, a partir de la mirada y las experiencias de otros países, para revertir la crisis. Mientras la comunidad internacional tiene la oportunidad de continuar con el monitoreo y el seguimiento, como lo ha hecho desde hace muchos años.