El espionaje vulnera severamente los derechos a la privacidad y la libertad de expresión en contra de quienes pertenecemos a una organización que defiende derechos humanos, pero también vulnera a las personas, grupos y poblaciones a quienes se acompaña.
Este 18 de abril, en el Centro Prodh decidimos hacer pública la confirmación de que dos personas de nuestro equipo fueron espiadas con el software Pegasus en al menos cinco ocasiones entre junio y septiembre de 2022; mientras trabajábamos, como lo hemos hecho desde hace 35 años, en casos relacionados con abusos castrenses, posibles violaciones a derechos humanos por parte de estas instituciones, y denunciamos los riesgos de la militarización.
Publicado originalmente el día 27 de abril del 2023, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Fue en diciembre de 2022 cuando dos personas de nuestro equipo, Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar, recibieron un correo de Apple que decía: “Alerta: atacantes patrocinados por un Estado pueden tener como objetivo tu iPhone”, añadiendo que les identificaban “individualmente como objetivo” por quiénes eran o por lo que hacían. Es decir, por promover y defender los derechos humanos.
Con la ayuda de la R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales), Social TIC y Artículo 19, los teléfonos fueron analizados y Citizen Lab (instancia de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Política Pública de la Universidad de Toronto) confirmó los ataques con este software sumamente intrusivo que tiene la capacidad de controlar incluso cámara, llamadas, archivos, imágenes y en general todo lo que almacena nuestro equipo.
A la par de la salida pública, The New York Times confirmó que el Ejército es el único cliente de NSO en el país, desde 2019, y que desde entonces ha usado esta herramienta de espionaje en distintas ocasiones. Anteriormente, otras investigaciones periodísticas, igualmente sólidas habían ya revelado el uso de Pegasus en esta administración, como lo fueron las publicaciones en Aristegui Noticias, Proceso y en esta misma casa editorial, Animal Político, y que también fue objeto de espionaje y que por medio de Nayeli Roldán cuestionó al presidente en su conferencia de prensa el 10 de marzo sobre estos hechos, con ejemplar temple periodístico.
No es la primera vez que el Centro Prodh es atacado con Pegasus. En 2017, una investigación llevada a cabo también por la R3D, Social TIC y Artículo 19, con el respaldo técnico de Citizen Lab, encontró que tres personas del Centro Prodh habían recibido mensajes infecciosos para vulnerar sus teléfonos. En dicha ocasión, como ahora, denunciamos los ataques ante la Fiscalía General de la República. Hasta la fecha no ha habido ninguna sanción o avances sustanciales de la investigación. Lo que demuestra, una vez más, que la repetición de estos hechos es consecuencia de la impunidad que impera en nuestro país. Y esto, pese a que desde la tribuna presidencial se sigue asegurando que el uso de Pegasus no existe.
En el Centro Prodh estamos conscientes de que el uso de herramientas de monitoreo y vigilancia no es la violencia más grave que reciben los defensores de derechos humanos. Compañeras y compañeros en distintas comunidades y contextos han tenido que enfrentarse constantemente a amenazas —casos de desapariciones como el defensor comunitario Antonio Díaz y el abogado de derechos humanos Ricardo Lagunes— e incluso con la pérdida de la vida —como sucedió en el lamentable caso de don Eustacio Alcalá—. Sin embargo, sabemos que este tipo de ataques, que también han sufrido otros defensores de derechos humanos, organizaciones y periodistas, no deben minimizarse o normalizarse.
Ante ello, exigimos que cese el espionaje; que se investiguen estos casos nuevos, así como el cúmulo de denuncias no procesadas; también urgimos que existan controles civiles para las Fuerzas Armadas que hoy ponen en riesgo los derechos humanos y la vida democrática del país. No lo hacemos solos. A lo largo de estas últimas dos semanas, tras nuestra salida pública, hemos sido arropados y hemos recibido distintos mensajes de solidaridad de organizaciones, organismos internacionales, periodistas, comunicadores, abogados y distintos actores relevantes en la vida pública del país.
Más de 175 organizaciones firmaron una carta para exigir acción y justicia al Estado mexicano, y enfatizaron que el espionaje vulnera severamente los derechos a la privacidad y la libertad de expresión en contra de quienes pertenecemos a una organización que defiende derechos humanos, pero también vulnera a las personas, grupos y poblaciones a quienes se acompaña, y muestra un entorno poco propicio para ejercer nuestra labor, que no es otra que ayudar a quienes más lo necesitan.
Entre ellas y ellos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Compañía de Jesús en México, organizaciones como la Fundación para la Justicia, Cencos, Fundar, Serapaz, la Red TDT, Equis Justicia, México AC, Amnistía Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Organización Familia Pasta de Conchos, así como instituciones académicas del Sistema Universitario Jesuita, además de cientos de personas solidarias que nos han acompañado en este caminar.
Hoy les agradecemos de corazón a todas y todos. Nos sabemos parte de un amplio espacio cívico conformado por personas, colectivos, periodistas y ONG, que en México está vivo y trabaja por los derechos y la democracia. Hay que defenderlo. Gracias y seguimos.