La decisión de la SCJN de invalidar las reformas que adscribían la Guardia Nacional a la Sedena es sin duda alguna un dique frente a la profundización de la militarización que hemos vivido este sexenio y una reafirmación de la independencia judicial.
Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de las reformas por las que se había intentado entregar la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esto, luego de que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentara un proyecto para resolver la acción de inconstitucionalidad 137/2022, en el que planteó una defensa sólida y valiente de la vía civil en seguridad.
Durante la sesión del Pleno del 18 de abril, una contundente mayoría de ocho ministras y ministros coincidió en advertir que con dichas reformas se había efectuado un fraude a la Constitución, es decir, un intento deliberado de pasar por encima del artículo 21 Constitucional, simulando su cumplimiento al tiempo que se le vaciaba de contenido. Esto en razón de que dicho artículo constitucional ordena expresamente, entre otras cuestiones, que la Guardia Nacional sea civil y que esté adscrita a la Secretaría de Seguridad.
Publicado originalmente el día 20 de abril del 2023, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
El proyecto destacó tres perspectivas: la histórica, porque desde su surgimiento en el Siglo XIX la figura de la Guardia Nacional siempre fue un cuerpo claramente diferenciado del Ejército; la democrática, porque en la reconfiguración de la Guardia Nacional de 2019 se acordó, mediante un amplio consenso democrático del que participaron prácticamente todas las fuerzas políticas, que ésta sería una institución civil como expresamente indica el artículo 21 Constitucional, y la de derechos humanos, porque las sentencias internacionales dictadas por la Corte Interamericana contra México, hoy obligatorias, indican claramente que la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sólo puede ocurrir de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Por estas razones, la mayoría estimó que las reformas vaciaban de contenido a la norma constitucional y consideró por ello incorrecto adscribir la Guardia Nacional a la SEDENA. En esencia, la decisión implica que si este gobierno o alguno posterior pretende que el Ejército tenga legalmente bajo su mando una corporación policial nacional, tendrá antes que modificar la Constitución. Algo que una democracia constitucional no es ni extraño ni inusual.
Y pese a que durante la discusión legislativa muchos y muchas advertimos que esto podía ocurrir, la decisión del Pleno de la SCJN debe considerarse de todas maneras como un fallo histórico y de enorme trascendencia, debido al contexto en el que ocurre. Un contexto, en este tema, marcado por el inédito empoderamiento de las Fuerzas Armadas y por los constantes ataques del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. En ese marco, la decisión es sin duda alguna un dique frente a la profundización de la militarización que hemos vivido este sexenio y una reafirmación de la independencia judicial.
Por eso, organizaciones civiles, colectivos, especialistas, defensoras y defensores de derechos humanos, así como organismos internacionales, celebramos y respaldamos la decisión, señalando que podría ser una oportunidad de restablecer la vía civil. En una declaración que vale la pena citar en amplitud por su relevancia, el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, señalo: “Resulta fundamental asegurar el carácter civil de la Guardia Nacional, en consonancia con la Constitución mexicana y los estándares internacionales de derechos humanos. Espero que la decisión de la Corte motive un diálogo amplio que contribuya a mejorar las capacidades de las fuerzas de seguridad civiles y conduzca a una limitación del papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Esto es aún más vital dado que la creciente militarización de las fuerzas de seguridad en México, en particular desde 2006, ha provocado un aumento en las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas […] Las Fuerzas Armadas sólo deben ser desplegadas en tareas de seguridad temporalmente, en circunstancias excepcionales, subordinadas a las autoridades civiles y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”.
Pese a la trascendencia de lo que se ha decidido, todavía hay mucho por hacer para revertir la militarización y, sobre todo, para desarrollar políticas públicas efectivas para reducir la violencia, que es el anhelo que todas y todos tenemos en México. Lo confirma que en la conferencia matutina del 19 de abril, el Presidente haya descalificado a la SCJN señalando que la mayoría del Pleno actuó “de manera facciosa y no con criterio jurídico, sino político” y que los juzgadores están “al servicio de la cúpulas del poder y no de la mayoría del pueblo”. El Presidente adelantó también que en 2024, cuando entre en funciones la nueva legislatura, presentará una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir que la GN dependa de la Sedena.
La reconstruccion de la vía civil en seguridad, por tanto, no ha concluido. Las noticias de esta semana dan cuenta de que es urgente proseguir en este esfuerzo: los presuntos viajes dispendiosos del General Secretario de la Defena Nacional, que destruyen la imagen idílica de que los generales son pueblo uniformado; los nuevos casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Guardia Nacional en Tamaulipas, que muestran la propensión castrense a excederse en el uso de la fuerza letal; y la nueva evidencia sobre cómo el Ejército sigue usando Pegasus contra defensores de derechos humanos -como se mostró en el caso de dos integrantes de nuestra organización, el Centro Prodh-, que se suma a casos previos contra activistas y periodistas -incluido el equipo de Animal Político, que ha realizado un trabajo periodístico excepcional para exponer este tema-.
Por ahora, sin embargo, celebremos que la SCJN ha restablecido un límite al creciente #PoderMilitar, mostrando que la República está viva y activa. En el actual contexto, no es poco.