La muerte de los 39 migrantes en Ciudad Juárez es la más grave violación a derechos humanos ocurrida en esta administración y, sin duda, marcará de forma indeleble al presente sexenio.
La tragedia criminal en la que fue arrebatada la vida a al menos 39 personas migrantes en Ciudad Juárez es la más grave violación a derechos humanos ocurrida en esta administración y, sin duda, marcará de forma indeleble al presente sexenio.
Que esto es así queda claro cuando se mira la acción gubernamental antes de los hechos, durante los hechos y después de los hechos.
Publicado originalmente el día 3 de abril del 2023, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Si miramos atrás, es evidente que la tragedia era evitable, como lo subrayó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. México ya había recibido múltiples advertencias sobre los impactos de su política migratoria en los derechos humanos de las personas que en condición de movilidad atraviesan el país, cuyas peores aristas se han profundizado en este sexenio, luego de que fueran aceptadas las condiciones impuestas a nuestro país por los Estados Unidos. La política migratoria de México, en esta administración —y también en las precedentes—, no ha sido capaz en los hechos de proteger los derechos humanos; la política migratoria en el país, como lo señalaron cerca de 200 organizaciones civiles, mata. Esa es la realidad.
Y es que el peligro que generan las estaciones migratorias con enfoque carcelario estaba señalado desde el Informe Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, que la CIDH publicó hace una década. Incluso la CNDH, pese a su maltrecho estado actual, emitió la Recomendación 69/2020 luego de que un migrante guatemalteco perdiera la vida en un incendio verificado dentro de la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, desencadenado también por una protesta en la que fueron quemadas colchonetas. Ahí se constató entre otras cosas la ausencia de ventilación y de extintores en estos recintos que, para todos los efectos prácticos, funcionan como cárceles y son equiparables, desde luego, a las prisiones. Sin embargo, no se adoptó ninguna medida que asegurara la no repetición.
Si miramos lo ocurrido durante la tragedia, es pasmosa la incapacidad de las autoridades migratorias y la inhumana indiferencia de los oficiales que se encontraban presentes, documentada en el video que ha sido difundido. Es factible que una protesta detone un incendio, y de hecho esto ocurre con frecuencia, pero para que el fuego consuma la vida de más de cuatro decenas de personas hace falta mucha negligencia gubernamental.
La imagen de los agentes migratorios que se dan la vuelta mientras detrás de una puerta cerrada con candado arden los cuerpos de otros seres humanos es el retrato mismo de un Estado que ha dado la espalda, una y otra vez, a la violencia que siega la vida en múltiples territorios del país; es asimismo la imagen de una sociedad que también ha preferido dar la espalda al infierno que viven las personas en situación de movilidad que atraviesan el país. Una vergonzosa síntesis visual para la posteridad sobre lo que en estos años aciagos hemos sido y somos en México.
Y si miramos lo acontecido tras los terribles eventos, el balance es igualmente desolador. Primero, el intento de diluir la responsabilidad estatal recurriendo al eufemístico lenguaje de la migración, conforme al cual las víctimas no estaban privadas de su libertad sino “aseguradas” y el sitio no era un centro de detención sino un “albergue de resguardo temporal”. Después, la pretensión de atribuir a los propios migrantes la responsabilidad de su infortunio por haber protestado, conforme a la larga tradición mexicana de señalar a las víctimas como causantes de su propia desgracia.
Pero la irresponsabilidad no ha concluido ahí. Lo que la sociedad ha atestiguado después ha sido cómo la prioridad de los actores políticos del partido en el poder ha sido posicionarse ante la tragedia para deslindar a su precandidato en la carrera presidencial o para atribuir responsabilidad a su rival, asegurando que los superiores jerárquicos de las secretarías implicadas no den la cara y trasladando este deber a una dependencia sin atribuciones migratorias. Un espectáculo triste, incluso para los bajos estándares a los que nos tiene habituados la clase política nacional; más decepcionante acaso por tratarse de una administración que arribó al poder con la promesa de gobernar de forma diferente.
Por todas estas razones, lo ocurrido en Juárez no amerita sólo condenas y promesas vacuas de justicia. Si estos tristes hechos no sacuden la conciencia nacional y no se detona una profunda revisión de la política migratoria, que se concrete en abrir todas las estaciones migratorias al escrutinio civil y en empezar a transitar hacia la búsqueda de alternativas para la detención migratoria, de poco servirá la retórica de lamentación.
Juárez duele, avergüenza e indigna. Como ayer en Iguala, esta vez también #FueElEstado.