La lección para el México de hoy es que los García Luna de mañana pueden ser lo generales del Ejército, fiscales, policías ministeriales o secretarios de seguridad pública estatales empoderados sin contrapesos ni rendición de cuentas.
Un jurado en Nueva York encontró culpable a Genaro García Luna de los cinco cargos por los que fue acusado en los Estados Unidos. Más allá de lo que se opine sobre el juicio y sobre la prueba presentada, a esa conclusión condenatoria han arribado, actuando conforme al derecho norteamericano, las y los ciudadanos que integraron dicho jurado.
El fallo sienta un precedente de primera relevancia, pues ha sido declarado culpable quien fuera, como integrante del gabinete federal, uno de los artífices de la llamada Guerra contra el Narcotráfico, que tanto dolor ha generado al país. El veredicto hace patente que incluso las más altas autoridades pueden ser responsabilizados a causa de sus actos, por imposible que eso se vislumbre en el momento culmen de su acumulación de poder.
Publicado originalmente el día 28 de febrero del 2023, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Pero la exhibición de las penurias provocadas por la corrupción mexicana en un tribunal extranjero es, en el fondo, triste para nuestro país. México ha sido retratado en una Corte de otro país y la imagen difundida es en extremo lamentable.
Por eso, para evitar que el significado profundo del procesamiento se ahogue en la utilización política que puedan hacer del mismo los actores políticos en el presente, es importante extraer las principales lecciones que deja este procesamiento trayendo sus enseñanzas al México de hoy.
Una primera cuestión es que la determinación del jurado pone en evidencia la inmensa irresponsabilidad de quienes lanzaron a México a una política de guerra, teniendo al enemigo presuntamente combatido dentro del propio aparato del Estado. Los actores políticos que cobijaron e impulsaron el ascenso de García Luna tienen que rendir cuentas, como mínimo, por su negligencia.
Desde esta óptica, la decisión del jurado confirma que en México la línea entre la delincuencia organizada y el Estado desde hace mucho no es una franja nítida, pues las redes de macrocriminalidad están conformadas por vasos comunicantes entre ambos mundos, lo que sigue siendo una innegable realidad en el presente. Esto obliga a repensar a profundidad cuáles son las políticas de seguridad y justicia que necesitamos para transitar a un estadio diferente. Para ello, no hay soluciones simplistas, ni recetas únicas. El panorama, además, es sombrío por las múltiples resistencias de la propia clase política a que la situación cambie. Por ello, es indispensable una buena combinación de creatividad y de realismo político al postular alternativas. El cambio en este ámbito no provendrá de una sola acción o una sola propuesta ni de una medida de corto plazo; se necesitará un esfuerzo sostenido de muchos años.
Una segunda cuestión a destacar es que el veredicto es un triunfo de la justicia norteamericana que, simultáneamente, evidencia la profunda derrota de la justicia mexicana. Y es que, en el ámbito nacional, el juzgamiento de quien fuera un funcionario de primer nivel de la administración pública federal por su implicación en una red macrocriminal, sin duda habría sido imposible en el pasado, cuando se encontraba en el punto más alto de su poder, pero también en el presente, cuando ya no lo detenta, pues hoy la institución que debe investigar los delitos federales se sigue encontrando en un estado deplorable.
La Fiscalía General de la República (FGR) no fue y no es capaz, en México, de iniciar un proceso similar, que lleve ante la justicia a los políticos y a las autoridades policiales que se han coludido con el narcotráfico. Por eso, estos procesos judiciales se están llevando adelante en otro país. En un momento propicio para cambios, el actual gobierno fracasó en refundar la procuración de justicia a nivel federal, priorizando en cambio sus continuos embates contra los poderes judiciales. El cierre precipitado de la investigación que debió seguirse contra del exsecretario de la Defensa Nacional da cuenta de esta realidad. Mientras no cambie la procuración de justicia, seguirán siendo fiscales norteamericanos los que acusen en Cortes estadounidenses a los narcopolíticos mexicanos.
Una tercera cuestión es que el juicio mostró que en México es indispensable que las instituciones de seguridad y justicia cuenten siempre con contrapesos externos e intenso escrutinio público, debido a su inmensa propensión a incurrir en actos de corrupción y a ser cooptadas por la criminalidad organizada. En buena medida, García Luna acumuló el poder y pudo hacer lo que la acusación afirmó que hizo, por la ausencia de contrapesos y controles, sacando provecho del miedo y sentido de emergencia generado por la propia violencia.
En ese sentido, la lección para el México de hoy es que los García Luna del día de mañana pueden ser lo generales del Ejército Mexicano que se encuentran en franco proceso de empoderamiento sin que nadie les imponga contrapesos; o los fiscales y policías ministeriales que, desvirtuando la autonomía que hoy detentan las instituciones de procuración de justicia para usarla a su favor, esquivan todo esquema de rendición de cuentas; o los secretarios de seguridad pública de las entidades federativas que dedican ingentes esfuerzos y recursos a cultivar sus relaciones públicas y difundir su imagen, inhibiendo con ello un escrutinio público más riguroso y exigente con su actuar.
Esta lección debería entenderla también la comunidad internacional, incluyendo desde luego a los Estados Unidos, para no encumbrar a ciegas a actores del ámbito mexicano de la seguridad y la justicia, y para seguir entendiendo que en nuestro entorno siempre será relevante no sólo cooperar para fortalecer al Estado, sino también ayudar a que se preserve el espacio cívico desde donde denuncia y exige rendición de cuentas, del que son parte el periodismo independiente y las organizaciones no gubernamentales. No debe olvidarse que actores como García Luna se beneficiaron de que sus contrapartes internacionales se replegaran, temieran hablar de derechos humanos y Estado de Derecho, y confiaran a pie juntillas en su trabajo, pese a que voces del espacio cívico ya advertían alertas sobre el funcionamiento de las corporaciones encabezadas por él, como lo hicimos desde el Centro Prodh cuando defendimos a Jacinta, Teresa y Alberta, tres mujeres indígenas a quienes en su momento la AFI acusó de secuestro.
En suma, el juicio de Nueva York es un triste recordatorio de nuestros profundos problemas en las áreas de seguridad y justicia. Estos, hay que insistir, no son sólo problemas del pasado, sino también del presente. Por ello, si bien es siempre positivo que la justicia se imponga sobre la impunidad, más que festinar frívolamente el veredicto sin extraer lecciones para el presente, debemos hacernos cargo de las realidades que, amenazantes y urgentes, siguen aquí.