¿Hasta cuándo las autoridades atenderán las demandas de seguridad y bienestar de los trabajadores mineros, para garantizar que no vuelva a suceder ningún siniestro más?
Han pasado ya 17 años del siniestro ocurrido en la Mina de Pasta de Conchos, en Coahuila, y las familias de 63 mineros atrapados tras la explosión aún no han podido darles digna sepultura. Hoy no sólo no ha habido avances sustanciales en los trabajos de rescate de los cuerpos, sino que las condiciones de seguridad en la zona carbonífera siguen siendo precarias, lo que ha cobrado más muertes. Ellas y ellos se preguntan: ¿hasta cuándo las autoridades atenderán las demandas de seguridad y bienestar de los trabajadores, para garantizar que no vuelva a suceder ningún siniestro más?
Publicado originalmente el día 23 de febrero del 2023, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
El pasado 19 de febrero, las y los familiares unieron voces y llevaron a cabo el XVII Memorial de Pasta de Conchos, refrendando sus exigencias centrales de medidas de no repetición y rescate inmediato. En primer lugar, en el Antimonumento ubicado en Paseo de la Reforma, las familias realizaron una eucaristía en donde, con dolor, pero también resiliencia, honraron la memoria de sus fallecidos. De acuerdo con la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), 214 trabajadores mineros han fallecido desde el 2006, 21 de ellos en la actual administración (incluyendo los recientes fallecimientos ocurridos en las Minas de Rancherías y Pinabete, respecto de los cuales permanecen sin ser rescatados los cuerpos de 10 mineros). A ellas y a ellos también se les dedicó esta ceremonia.
“No estamos en contra de la paz de México, ni [de] la paz ni [del] desarrollo de ningún gobierno, queremos un país con justicia, queremos un país con autoridades honestas, queremos un país con empresas honestas. Cómo es posible que los familiares de los mineros ni siquiera hayan podido hacer una oración fúnebre ante los restos de sus seres queridos. En los 100 años del trabajo de la minería de México y específicamente de la minería de carbón, la mina Pasta de Conchos es la única que han dejado ahí los restos de los mineros que ahí murieron y lo que más hemos pedido es no repetición”, expresó el Obispo Emérito, Fray Raúl Vera López.
Después del acto religioso, en solidaridad con los mineros del pozo Pinabete, los familiares añadieron al antimonumento 10 cascos, junto con carbón, flores y una placa en memoria de los mineros atrapados en el siniestro ocurrido en ese pozo, cuyos cuerpos no han sido rescatados. Luego, dieron lectura a un pronunciamiento, donde enfatizaron que, pese a los acuerdos asumidos con las autoridades, y pese a que algunas autoridades presumen avances, lo que priva es la decepción.
“Estamos decepcionadas, porque el compromiso, en cuanto al rescate, no se ha cumplido (…) Estamos oyendo en el discurso que el rescate se está haciendo, y el rescate no se está haciendo, está detenido desde el 24 de noviembre del año pasado y Comisión Federal de Electricidad ni nos da fecha para reanudar las labores, ni nos da el nombre de la empresa que lo va a continuar y ni siquiera nos garantizan que van a poder terminar. Lo peor que pueden hacernos a las familias es engañarnos, queremos que se nos hable con la verdad si se va a cumplir o no con el compromiso”, expresó Elvira Martínez Espinoza, viuda de Jorge Bladimir Muñoz, durante su intervención.
Luego de esta acción, las familias realizaron una caminata y un acto simbólico afuera de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se colocaron las 21 cruces de madera conmemorando a los mineros fallecidos en esta administración. Recordaron que la CFE es la empresa paraestatal que otorga contratos para la compra de carbón a centros de trabajo que no cumplen con las condiciones de seguridad u operan de forma ilegal.
Además de los fallecimientos, las familias siguen documentando los riesgos en la región carbonífera y en las actividades mineras en general. Ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde 2006 se han presentado al menos 200 quejas. No obstante, instancias encargadas de supervisar las condiciones laborales de la minería de carbón -como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social- han disminuido los recursos destinados a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo y también han reducido la cantidad de inspectores laborales, hasta en un 40 % -de acuerdo con solicitudes de transparencia-, mientras que la Secretaría de Economía cuenta con apenas 25 inspectores de minas para todo el país.
Estas condiciones de inseguridad persistentes en la zona carbonífera, incluso generaron que la Organización Internacional del Trabajo admitiera recientemente una reclamación presentada por la OFPC, abogadas y abogados y sindicatos aliados, contra el Estado mexicano por su incumplimiento en los convenios internacionales en la materia.
El Gobierno federal, por su parte, mantiene un discurso contradictorio. Esto se revela en una investigación periodística realizada por la revista Proceso, a partir de un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional, hackeado por el grupo “Guacamayas”. En éste se revela que el 15 de febrero de 2022, tres días antes de que se iniciaran las jornadas de denuncia y memoria, el Ejército elaboró un “estudio” en el que se destaca que, contrario a lo prometido a las familias, el rescate no sería viable. Además, este documento muestra que las Fuerzas Armadas dedicaron recursos públicos para monitorear y seguir a organizaciones acompañantes de las familias, como la OFPC y el Centro Prodh. En este complejo escenario, las familias de Pasta de Conchos continúan impulsando el litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al terminar las acciones por el XVII Memorial de Pasta de Conchos, luego de agradecer a todas las personas en el país y a nivel internacional que han acompañado esta lucha por más de 17 años, también demandaron seguridad de quienes trabajan en la zona y de los defensores que les acompañan. No les dejamos en este andar para reclamar condiciones laborales dignas para los trabajadores mineros, con supervisión y controles efectivos sobre las empresas, además de exigir verdad, avances en los procesos de justicia, rescate ya y garantías de no repetición, para evitar que la minería cobre la vida de más personas.