La Asamblea del Agua de los pueblos, barrios y colonias de Xochimilco consiguió que una jueza admitiera su demanda de amparo contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en el Vivero Nezahualcóyotl, la cual se inició sin consultarles y sin considerar que se trata de un área natural protegida.
Xochimilco es un territorio vivo. No sólo por el valor cultural que concentra, o por la riqueza de su flora y su fauna, sino también por la resiliencia de cada una y cada uno de los habitantes de los pueblos, barrios y colonias, quienes desde hace muchos años han construido espacios comunitarios para fortalecer la organización colectiva y defender desde ahí la tierra, el territorio, el agua y todos sus derechos humanos.
Publicado originalmente el día 16 de febrero del 2023, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
Recientemente, las y los pobladores alzaron la voz ante la posible amenaza de que estos derechos se vieran vulnerados. El 9 de diciembre de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó un decreto por el que se pretende desincorporar una fracción de terreno del Vivero Nezahualcóyotl -con una superficie de más de 33 mil metros cuadrados– con la finalidad de enajenarlo a favor del Gobierno Federal y destinarlo para la construcción de un cuartel de la militarizada Guardia Nacional. Esto sin consultar primero a las y los habitantes, quienes en múltiples ocasiones han elevado su digno reclamo a las autoridades de la alcaldía y de la Ciudad de México para ser escuchados ante las problemáticas, principalmente la explotación y el acaparamiento del agua y de los recursos naturales, así como las obras realizadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) en poblados como San Gregorio Atlapulco o Santa María Tepepan, que podrían desviar el agua de la zona y que ponen en riesgo el territorio.
En ese sentido, de acuerdo con las y los pobladores, la protección del vivero es fundamental ya que produce plantas para la creación y mantenimiento de áreas verdes, restauración de bosques, huertos frutales y naturación de azoteas verdes. Dado que se trata de un humedal, también produce material vegetal para la reforestación del suelo de conservación, el cual abastece de agua a la Alcaldía y a toda la Ciudad de México. Además, dicho terreno forma parte de un área natural protegida reconocida como patrimonio cultural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Preocupados por la amenaza del cuartel, que es parte de la creciente expansión militar en la Ciudad de México, la Asamblea del Agua de los pueblos, barrios y colonias de Xochimilco, en una asamblea celebrada el 18 de diciembre de 2022, designó a una Comisión para que sus integrantes, acompañadas y acompañados por el Centro Prodh, presentaran una demanda de amparo en contra de dicho decreto de desincorporación. Así, el 30 de diciembre, vecinas y vecinos presentaron el amparo, en el que reclamaron la omisión de las autoridades capitalinas de realizar consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada; la violación a su derecho a un medioambiente sano; a su derecho a la tierra y al territorio; al derecho colectivo de los pueblos originarios a un territorio libre de militarización -al ser la Guardia Nacional una institución mayormente de corte castrense-; y su derecho a que se preserve la garantía orgánica establecida en el artículo 21 constitucional, conforme a la cual las instituciones encargadas de las tareas de seguridad pública deben ser de carácter civil.
El 27 de enero de 2023 la Jueza Quinta de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, admitió la demanda y ordenó como medida cautelar la suspensión provisional para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar el decreto de desincorporación. Este 13 de febrero, esta decisión fue confirmada y se ordenó la suspensión definitiva, lo que significa que las autoridades quedan impedidas de continuar con la construcción de las instalaciones de la Guardia Nacional, mientras continúa el juicio de amparo; todo esto al considerar que se trata de una superficie declarada como área natural protegida y teniendo en cuenta que, además, la suspensión no implica que la prestación del servicio de seguridad pública se ponga en riesgo, ya que la GN de todas maneras cuenta con condiciones para llevar a cabo esta función.
Las y los habitantes de Xochimilco, organizaciones aliadas y otras comunidades han celebrado esta valiente determinación de la Justicia Federal, no sólo porque protege este predio que tiene un valor especial al ser un área natural protegida destinada a la conservación ecológica y cultural, sino porque hace valer derechos por los que ha luchado y por los que seguirá luchando el pueblo de Xochimilco. Ellas y ellos mantienen el llamado al Poder Judicial para que supervise que esta medida cautelar sea respetada por todas las autoridades, incluyendo la Sedena y la GN, de suerte que efectivamente no se continúe con los trabajos de construcción en la zona.
Las y los firmantes del amparo reconocen que la seguridad en este territorio debe mejorar, pero estiman que ésta se debe construir a partir de un modelo de seguridad ciudadana, no militarista, que tome en cuenta la consulta de las necesidades de las comunidades, de la promoción de programas sociales y de la participación de todas y de todos.
Esta lucha además se suma a la que mantienen otras comunidades que han exigido al gobierno capitalino que tome en cuenta las posibles violaciones a derechos humanos derivadas de la cesión de predios a la Guardia Nacional sin tomar en cuenta las necesidades de la población, como lo hicieron anteriormente habitantes de Azcapotzalco y de San Luis Tlaxialtemalco -también en Xochimilco- quienes en agosto de 2022 presentaron quejas ante Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en contra de autoridades capitalinas por la instalación de cuarteles de GN.
Hoy las y los habitantes de los pueblos, barrios y colonias exigen a las autoridades que no pasen por alto sus demandas, que respeten las decisiones de los pueblos y comunidades, que escuchen y tomen en cuenta las asambleas que han conformado, que garanticen su derecho a la consulta, que protejan los mantos acuíferos. Lo hacen al amparo de la identidad y la historia de la capital, caracterizada por un perfil netamente civil y por una defensa celosa de los derechos que tanto esfuerzo costaron conquistar. Ellas y ellos dicen sí a proteger el vivero, sí a proteger los humedales y no a la construcción de cuarteles militares, que no van de acuerdo a las necesidades de la comunidad y que no corresponden a políticas públicas propias de una Ciudad de Derechos.