Un total de 27 mil 086 niñas, adolescentes y mujeres, principalmente de 15 a 19 años de edad, desaparecieron en el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Yucatán y Quintana Roo durante 2022, de acuerdo con datos oficiales.
México cierra el año con la terrible cifra de 27, 086 niñas, adolescentes y mujeres que no han vuelto a casa, de acuerdo con cifras oficiales. En el marco de la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género, y en un país con una crisis en materia de desapariciones, se debe visibilizar aquellas causas y problemáticas que específicamente se relacionan con la desaparición de mujeres y niñas, así como diferenciar las estrategias con enfoque de género que el Estado debe implementar para frenar la violencia y las violaciones a derechos humanos hacia todas.
Publicado originalmente el día 9 de diciembre de 2022, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el principal rango de edad se encuentra entre los 15 y 19 años de edad y, en entidades como el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Yucatán y Quintana Roo existe un porcentaje mayor de mujeres desaparecidas que de hombres.
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en su informe de su visita a México de 2021 señaló que las desapariciones de mujeres y niñas han ido en aumento, y que algunos casos correspondían a desapariciones vinculadas con la sustracción de niños y niñas (dentro o fuera del ámbito familiar); a desapariciones como medio para ocultar la violencia sexual y feminicidio y, otros, a la trata de personas y explotación sexual (párrafo 14). Mientras que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus observaciones finales sobre México, mencionó su “profunda preocupación” por la persistencia de patrones generalizados de violencia contra las mujeres, incluyendo el aumento de desapariciones, para lo cual reiteró sus recomendaciones sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes, combatir la violencia armada, la delincuencia organizada, los estereotipos, la pobreza y marginación.
Sin embargo, lejos de cumplir con las recomendaciones internacionales, el escenario de violencia extrema contra las mujeres se ha mantenido y agravado. Por ejemplo, se ha profundizado la militarización, mediante la emisión de acuerdos presidenciales y reformas legislativas que hacen extensiva la intervención de la Fuerza Armada Permanente en labores de seguridad pública. Como hemos sostenido diversas organizaciones de derechos humanos, la militarización de la seguridad no ha contribuido a reducir la violencia; incluso, la evidencia sugiere que en algunos contextos regionales este despliegue la incrementa y a quienes más afecta es a niñas, adolescentes y mujeres.
Además, la estrategia de seguridad no ha priorizado el fortalecimiento y destino de recursos para atender la problemática, tomando en cuenta las características y contextos específicos en cada entidad. El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, ha llamado reiteradamente al Estado Mexicano a revisar los planes de seguridad para garantizar la adopción de medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Hasta hoy, eso no ha ocurrido.
En el Centro Prodh, a partir del Taller Nacional de Herramientas para Familiares en Búsqueda de Mujeres y Niñas Desaparecidas, el trabajo con colectivos de familiares, así como el acompañamiento y orientación jurídica, hemos identificado la reiterada aplicación de estereotipos de género en las investigaciones y acciones de búsqueda por parte de fiscalías y comisiones de búsqueda estatales. Las autoridades aún se niegan a implementar acciones de búsqueda inmediata, a partir de aseveraciones basadas en prejuicios de género como “seguro, se fue con el novio” o “se fue de fiesta y mañana regresa”, con ello se minimiza la desaparición y obstruye la búsqueda en las primeras horas que son claves para localizar con vida a las mujeres.
Además, las autoridades continúan sin construir líneas de investigación que realmente apliquen la perspectiva de género como una herramienta que contribuya a esclarecer los hechos. Muestra de ello es la omisión de investigar a personas que tenían antecedentes de haber ejercido violencia familiar en contra de las mujeres previo a su desaparición, o la incorporación de análisis de contexto en regiones en donde se encuentren identificadas otras dinámicas de violencias relacionadas con la trata de personas o el narcotráfico, lo que provoca que se pierda la oportunidad de avanzar en las indagatorias.
También hemos atestiguado impactos diferenciados para las familias de personas desaparecidas: abuelos, abuelas, tíos o tías se hacen cargo de las hijas e hijos de quienes no han vuelto a casa y asumen el rol de cuidado y manutención, disminuyendo la posibilidad de que se involucren en la búsqueda de las mujeres.
En un país con miles mujeres desaparecidas o no localizadas, la perspectiva de género debe utilizarse más allá de los discursos oficialistas, y debe más bien aplicarse como una herramienta real, atravesando las investigaciones, búsquedas y la política de seguridad no militarizada. En estos 16 días de activismo, recordamos la necesidad de enfocar los esfuerzos, a partir de medidas concretas dirigidas a contextos diferenciados, para erradicar esta forma de violencia contra las mujeres y niñas, garantizar los derechos humanos y proteger la integridad de todas.