En marzo de 2015, el recién creado GIEI nombrado por la CIDH llegó a México con el objetivo de coadyuvar en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, así como de los asesinatos y heridos de un caso que había sacudido la conciencia colectiva.
La medida cautelar No. 409 de 2014 proferida por la CIDH generó finalmente un año de permanencia en el país, dividido en dos semestres, en el que el GIEI formado por cinco integrantes, coadyuvó según el mandato en la investigación de los hechos, la atención a las víctimas y la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos. El primer informe del GIEI, en septiembre 2016, que señalaba sus revelaciones sobre el caso, mostraba cómo la llamada versión del escenario del basurero de Cocula no tenía sustento en pruebas, y numerosas revelaciones sobre la actuación de diferentes corporaciones, así como la existencia de un 5° autobús y el transporte de droga por esa vía como posible explicación de hechos tan atroces.
Después, el mandato se prolongó seis meses más hasta 30 de abril de 2016. Durante el segundo periodo, el GIEI fue objeto de una fuerte campaña mediática en contra de sus integrantes, a la vez que las autoridades cuestionaban algunas de esas revelaciones, aunque se mantenía la colaboración formal. Sin embargo, la mayor parte de las peticiones del GIEI fueron retenidas, aumentó el grado de control de las acciones incluso al interior de las instituciones, y un clima de cuestionamiento y hostilidad. Llegando al extremo de ser víctimas del malware Pegasus como otros actores de la sociedad mexicana.
En ese contexto, el GIEI estuvo a punto de salir del país antes de terminar su mandato, debido a la falta de condiciones para llevarlo a cabo. Luego de algunas consultas con actores involucrados en el caso, decidió completar su mandato por compromiso con las víctimas y el país. A finales de abril, se presentó el segundo informe del GIEI que profundizaba en las actuaciones de diferentes corporaciones, así como demostró con pruebas audiovisuales la manipulación del escenario del río San Juan, por una de las máximas autoridades investigativas del país y en un despliegue operativo con aportación de importantes recursos federales. Dicha maniobra se llevó a cabo, un día antes de que se llevaran a cabo las diligencias donde se señaló que fue encontrada una bolsa con un resto óseo correspondiente a Alexander Mora Venancio, uno de los normalistas desaparecidos.
La presentación del segundo informe vino acompañada de cerca de 20 recomendaciones sobre la investigación, la búsqueda y la atención a las víctimas. El GIEI debió salir de México el 30 de abril de 2016, por decisión del gobierno de México, al terminar su mandato acordado con la CIDH.
Luego del 30 de abril de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por medio del Comisionado James Cavallaro, negoció con el Estado de México, los representantes de los padres y madres: Centro PRODH, Tlachinolan, Serapaz y Fundar; para la creación de un mecanismo de seguimiento (MESA) el cual se creó el 29 de julio de 2016. Este mecanismo, junto con la decisión de la CIDH y los representantes permitieron mantener la supervisión del caso, lo que fue fundamental para que después se pudiese crear la UEILCA y el regreso del GIEI 3 años después.
En el año 2019, atendiendo una solicitud de los padres y madres de los normalistas acompañados de sus representantes, el nuevo presidente de la República, Manuel López Obrador pidió a la CIDH nuevamente la asistencia del GIEI, dos integrantes del GIEI integraron primero el GAT en el 2019 y el GIEI regresó en el 2020, esta vez compuesto por cuatro integrantes. Desde marzo 2020 la incidencia de la pandemia bloqueó numerosas posibilidades de presencia en el país y de trabajo directo con la Fiscalía y la creada Comisión de la Verdad para el caso (COVAJ). A pesar de ello, el GIEI realizó su asistencia técnica y acompañamiento desde marzo de 2020, presentando un balance (informe) en octubre de ese mismo año, y continúa hasta hoy por decisión expresa y petición de los padres y madres y del gobierno mexicano.
Este tercer informe que se presenta incorpora el seguimiento puntual a las líneas de investigación que había señalado desde el principio, para agotar de manera exhaustiva todas las hipótesis y evidencia de nuevas líneas de investigación con fundamento en toda la información nueva recogida y tabulada. Una buena parte del contenido de este informe se basa en el análisis de la documentación desclasificada ordenada por el presidente AMLO y que había sido solicitada por el GIEI en reiteradas ocasiones. Otra parte de ella es fruto del trabajo de coadyuvancia llevado a cabo con la Fiscalía del caso (UEILCA) para el apoyo en la investigación y judicializaciones, así como con la colaboración con la COVAJ que han sido las contrapartes del grupo en esta fase.
Mucho tiempo se ha perdido. Algunas personas clave que intervinieron en el caso han muerto o han sido asesinadas. La pérdida de información y la falta de respuestas durante los tres años después de la salida del GIEI han hecho todo el trabajo más complicado, ya que en ese tiempo no se fortalecieron elementos de prueba tal y como había sido señalado en las recomendaciones del GIEI o han limitado los resultados debido a la falta de respuesta institucional durante esa época.
Una buena parte de las personas detenidas fueron liberadas en base a las evidencias de torturas y la falta de otras pruebas, cuestión que ya había sido adelantada por el GIEI.
Todo ello ha conllevado la necesidad de empezar de nuevo para las instituciones creadas en esta nueva fase, la UEILCA y la COVAJ. Las dificultades de las judicializaciones que se señalan en este informe también muestran las consecuencias de la fragmentación del caso y parte de las cosas que tienen que cambiar para poder obtener alguna justicia.
El informe se desarrollará por temáticas que permiten comprender el contexto y la naturaleza de la acción, así como las diversas participaciones de los diferentes actores en búsqueda de evidencias que permitan seguir, por caminos más definidos, la búsqueda del destino de los 43 desaparecidos. Para quienes hemos investigado el caso, para la sociedad mexicana y especialmente los familiares, que siguen siendo el sentido de este trabajo, faltan aún muchas respuestas. Este informe da cuenta de las nuevas informaciones y del camino que aún falta por recorrer.
