Pobladores de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco, y vecinos de la Unidad Habitacional El Rosario, en Azcapotzalco, presentaron dos quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional en un área natural protegida y en una zona para actividades deportivas y recreativas.
Históricamente, la Ciudad de México ha sido una entidad que ha promovido las libertades de sus habitantes, ha apostado por políticas públicas vanguardistas y se ha desmarcado de políticas federales que ponen en riesgo los derechos humanos. Las decisiones federales relacionadas con la estrategia de seguridad no pueden ni deben ser la excepción.
Publicado originalmente el día 18 de agosto de 2022, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
El pasado 10 de agosto pobladores de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco, y vecinos de la Unidad Habitacional El Rosario, en Azcapotzalco, acompañados por el Centro Prodh, anunciaron en un acto público la presentación dos quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) para denunciar posibles agravios a sus derechos por parte de autoridades capitalinas por la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional (GN) en sus comunidades. El primero de ellos, en un área natural protegida; el segundo, en un espacio que era utilizado para actividades deportivas y recreativas.
En el caso de San Luis Tlaxialtemalco, las y los habitantes expusieron que la construcción del cuartel de la GN se realizó en una zona chinampera, lo cual podría tener severos impactos ambientales, urbanos y sociales. Además, destacan que el predio de más de 30 mil metros cuadrados fue desincorporado y cedido al gobierno federal para ser utilizado por la Guardia Nacional sin antes realizar una consulta libre, previa e informada. Fueron vulnerados, también, sus derechos al medio ambiente, al desarrollo propio y a la autodeterminación.
“No nos oponemos al fortalecimiento de la seguridad pública, porque es de mucha importancia para nuestro pueblo y todo el país, todos la pedimos, pero consideramos que hay otras formas de seguridad a partir del trabajo conjunto con la comunidad, de manera civil, no militarizada”, destacó Silvia Cabello, quien forma parte del Consejo de Gobierno de San Luis Tlaxialtemalco.
En el mismo tenor se pronunciaron las y los habitantes de la Unidad Habitacional El Rosario, quienes señalan afectaciones al derecho a la ciudad, al espacio público, a la convivencia social y también a la falta de instrumentos democráticos de participación ciudadana.
“Se realizaron Asambleas Informativas, en las que precisamente nos dijeron que era una decisión ya tomada y que sólo nos informarán de la instalación del cuartel. No se nos tomó en cuenta bajo un esquema de toma de decisiones comunitarias”, añadió Javier Ortiz, habitante de la zona. Los vecinos remarcaron su preocupación ante la posibilidad de que la GN realice tareas, con armamento de alto calibre, en una zona donde hay escuelas y espacios comunes. “Nos sentimos agraviados por una falta de la ciudad de no tomarnos en cuenta, sin la oportunidad de externar lo que nosotros vemos viable para resolver las problemáticas que tenemos entorno”, añadió Connie Alavez, vecina de la zona.
La justa demanda de las y los habitantes de la Ciudad no es menor. La construcción de cuarteles de la GN en las distintas Alcaldías se encuadra en un contexto de profundización de la militarización en todo el país. En distintas regiones ha habido oposición de los habitantes a a la construcción de cuarteles en sus comunidades, en un escenario donde se proyectan más de 240 de estas instalaciones. Un ejemplo de lucha es la que han emprendido las y los ejidatarios en San Sebastián Bachajón, del Pueblo Tseltal de Chilón, en Chiapas, que se han manifestado e interpuesto distintos recursos jurídicos contra la construcción y operación de un cuartel en la comunidad, sin tener hasta ahora la respuesta que esperaban del Poder Judicial de la Federación.
Siendo claro que la estrategia federal se centra en militarizar, los gobiernos locales tienen márgenes de acción, de acuerdo con su normatividad y con su historia, para defender los derechos de su población. En específico la Ciudad de México, que tiene una larga tradición de apostar por las libertades, la Constitución recientemente aprobada otorga derechos que obligan a las autoridades a optar por procesos democráticos y a asegurar que sean civiles las instituciones a cargo de la seguridad. De ahí también el llamado de los habitantes a las autoridades capitalinas a respetar los principios democráticos en las estrategias de seguridad propias de una ciudad de derechos.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a la que han decidido acudir los habitantes de Azcapotzalco y Xochimilco, ha sido un bastión de esa defensa. En el sexenio del Presidente Felipe Calderón, cuando se pretendió a aprobar una Ley de Seguridad Nacional de claro contenido militarista, la Comisión publicó un posicionamiento en el que señaló: “Que ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar (…) la seguridad ciudadana requiere de una fuerza policial civil que resguarde a los habitantes de una administración de justicia fortalecida, sin corrupción ni impunidad”. Posteriormente, cuando en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto intentó aprobarse la Ley de Seguridad Interior, la Comisión cuestionó activamente la expansión de la presencia castrense en tareas de seguridad pública. Y lo hizo más recientemente, frente al Acuerdo Presidencial publicado el 11 de mayo de 2020, en el que el titular del Ejecutivo dispuso de la Fuerza Armada Permanente para la realización de tareas de seguridad pública.
En este mismo sentido, no puede obviarse que las actuales autoridades de la Ciudad de México han hecho énfasis en innumerables ocasiones en el descenso en la incidencia delictiva que estarían generando las estrategias locales de seguridad que se aplican en el presente. Si esto es cierto, no sería entonces evidente la necesidad de contar con cuarteles de la Guardia Nacional militarizada en todas las alcaldías de la Ciudad.
Por supuesto, las y los vecinos que valientemente han emprendido este proceso quieren más seguridad. Sin embargo, también exigen que respeten sus derechos durante estos procesos. Las comunidades no quieren más militarización porque tienen memoria y porque conocen cuáles son sus principales problemáticas y necesidades. Una Ciudad de Derechos tendría que escucharlas y preservar el carácter civil de la seguridad, en fidelidad a su historia.